Señala que pese a valoraciones "muy positivas", se vio recortado "hasta quedar reducido en 2011 a 100.000 euros de presupuesto"
SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una queja de oficio, dirigida a Consejería de Educación, Cultura y Deporte, solicitándole un informe sobre la situación actual de la organización y ejecución de los programas de animación deportiva en centros penitenciarios en Andalucía, las previsiones presupuestarias asignadas al mismo para 2015 y los acuerdos o convenios en vigor, o en proyecto, con entidades, para la recuperación de dichos programas.
En el texto de la actuación, consultado por Europa Pres, la Institución recuerda que en noviembre de 2011 elaboró el Informe Especial 'La intervención de la Junta de Andalucía en el sistema penitenciario: colaboraciones más destacadas', cuyo capítulo uno versaba sobre participación de la Administración autonómica en las prisiones, y en su epígrafe segundo se incluye una extensa mención al Programa de Animación Deportiva que desde hace muchos años se seguía bajo el patrocinio y financiación de la Consejería.
Este programa se insertaba en el área de "educación físico-deportiva" regulada en el convenio-marco de colaboración en materia penitenciaria, entre la Junta y la Administración central, de 23 de marzo de 1992, y a pesar de que recibió valoraciones "muy positivas", se vio recortado "en más de dos tercios, hasta quedar reducido para 2011 a 100.000 euros de presupuesto", señala.
En el citado informe, el Defensor ya destacaba que el área de "educación físico-deportiva" era "una de las que había conocido un mejor desarrollo" y una de las actividades de mayor atracción para los internos. Por ello, continúa, "recomendamos a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte que restableciese el Programa de Animación Deportiva en los centros penitenciarios, procurando que llegase a todos ellos con similares contenidos a los que venía desarrollando".
Así, la Defensoría explica que estos programas se ejecutaron en su día mediante convenios suscritos con entidades voluntarias gracias a la aportación de fondos públicos gestionados desde la administración deportiva de la Junta. La supresión de las previsiones presupuestarias fueron, finalmente, la causa central de la "extinción" de estos programas y la desaparición de una iniciativa "muy provechosa".
Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, el bagaje que ofreció esta experiencia "es reconocido y ejemplar, en cuanto supuso un ejercicio concreto y bien articulado de la colaboración de las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias, para hacer valer los principios constitucionales y objetivos programáticos de nuestro sistema penitenciario".
QUEJAS POR PARTE DE LOS INTERNOS
Además, apunta que entre las quejas que los internos remiten a la Defensoría, "no han faltado menciones" a estas actividades y programas que suponen "un aprovechamiento de la estancia en prisión para dotar a la vida cotidiana de los centros de acciones que ayuden al fortalecimiento de modos de vida y comportamientos saludables".
En defensa de su argumento, en la queja el Defensor se refiere también al Proyecto de Ley del Deporte en Andalucía, aprobado por Consejo de Gobierno el 8 de Julio de 2014, que recoge en su artículo 7 que "el fomento del deporte como factor de formación y cohesión social prestará especial atención, a la infancia y la juventud y aquellos grupos sociales más desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión social".
Para ello, prosigue el citado artículo, "la Consejería competente en materia de deporte en colaboración con las consejería y otras administraciones públicas con competencias en materias relacionadas con estos grupos sociales establecerá mecanismos de colaboración que permitan desarrollar las actuaciones que contribuyan a su integración y a una mejora de su bienestar social".
Por tanto, el Defensor apunta que el impulso normativo de esa Consejería viene a coincidir con los objetivos que se deducen de esta actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz, por entender que, entre esos "grupos de atención especial", merece incluirse el colectivo de presos.
