SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como 'Fundación DeSevilla' y actualmente en liquidación por acuerdo del pleno del Ayuntamiento hispalense, ha elevado al Juzgado de Instrucción número diez una denuncia contra el exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, el exprimer teniente de alcalde y actual concejal por IU-CA Antonio Torrijos y numerosos miembros del PSOE e IU-CA, e incluso varios sindicalistas, por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos denunciados se encuadran en la gestión de la fundación durante el mandato 2007/2011.
Como se recordará, un estudio redactado por el otrora director gerente de la fundación y actual director general de la sociedad mixta Mervasevilla, Manuel Blanco, daba cuenta de que la situación financiera de la entidad era en septiembre de 2011 "insostenible" y que procedía ya su "liquidación" al haber cerrado 2010 con pérdidas superiores a los 1,5 millones de euros y pesar sobre ella un "fondo de maniobra negativo" por valor de 1.133.914,2 euros. El informe de Manuel Blanco recordaba que la Intervención ya avisaba en junio de 2011 de que la consultora 'Deloitte' había denegado su opinión sobre las cuentas de 2010, dado el "deterioro financiero y patrimonial" de la entidad, "por las debilidades del sistema de control interno". Un informe de esta consultora, además, revelaba "distintas irregularidades en la justificación de gastos", aspecto que recogía Blanco en su informe.
EL INFORME DE MANUEL BLANCO
Blanco detectaba "conductas que evidencian la falta de control económico financiero", así como "un generalizado incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público", un "elevado porcentaje de incidencias por falta de justificación de gastos", contrataciones "discrecionales" de personal a manos de la antigua directiva y una ausencia de "procedimientos de control interno para la autorización y registro de gastos, inversiones u operaciones de crédito".
Un informe externo contratado a tal efecto, igualmente, reflejaba asimismo "graves deficiencias" de gestión y documentales, detectando en la gestión de la fundación actos posiblemente constitutivos de "apropiación indebida, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, Seguridad Social y fraude de subvenciones en el ámbito penal, junto a conductas falsarias en el ámbito laboral". Este estudio, entre otras cosas, detectaba posibles "irregularidades" en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado entre la directiva de la institución y la plantilla poco después del desenlace de las elecciones municipales de 2011 pero antes de que el Gobierno municipal en funciones de PSOE e IU-CA cediese el testigo al PP merced al resultado de los comicios.
MONTESEIRÍN, TORRIJOS, CARRILLO, MIR, MARCHENA, GILABERT...
Pues bien, a través de esta denuncia formalizada el pasado lunes y recogida por Europa Press, esta fundación en liquidación se dirige principalmente contra los miembros del patronato de la fundación entre 2007 y 2010, los miembros de su comisión ejecutiva y su director gerente. Estamos hablando, así, del exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, el exprimer teniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos, los exconcejales del PSOE Alfonso Mir, Juan Antonio Martínez Troncoso y Emilio Carrillo, los sindicalistas Juan Antonio Gilabert (UGT), José Figueroa (UGT) y Rafael Fernández Serra (CCOO), los exdelegados de IU-CA Jon Ander Sánchez y Carlos Vázquez, el exgerente socialista de Urbanismo Manuel Marchena, el dirigente socialista Manuel Copete, el exvicepresidente de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) Guillermo Gutiérrez, su sucesor y exalcalde socialista de San Juan de Aznalfarache Juan Ramón Troncoso, David Pineda (IU-CA), José Antonio Salido (IU-CA), Miguel López Adán (IU-CA) como director general y el socialista Domingo Enrique Castaño como director eventual.
La denuncia da cuenta de numerosas "irregularidades", como una "subvención" de 120.196 euros concedida por Rodrigo Torrijos para rehabilitar una vivienda en La Habana (Cuba) con destino a fines sociales, pues la casa "no fue rehabilitada" y "siguió siendo el domicilio de un coronel del ejército castrista", renunciando la fundación al proyecto por "falta de justificación". También figura una ayuda de 81.378 euros a una ONG colombiana cuyo responsable "vive en el mismo domicilio" de López Adán y, según la denuncia, tendría conexión con la banda armada FARC. "¿Otorgó Torrijos una subvención a una organización terrorista?", cuestiona la denuncia.
CONTRATACIONES DE MIEMBROS DEL PCA
La denuncia avisa del "crecimiento desmesurado" de contrataciones en favor de miembros del Partido Comunista de Andalucía (PCA), alertando de que los gestores de la fundación destinaban las subvenciones a "otros fines de los propiamente subvencionados" y "sin justificación". Media además un informe de la Intervención General que señala que "la gestión de los programas subvencionados ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones", insistiendo en una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas". Avisa además la denuncia de posibles "pagos duplicados", la ausencia de "procesos públicos de contratación", el posible "borrado intencionado" de datos y la "velocidad" con la que el ERE fue negociado, formalizado y validado por las autoridades laborales sin cuestionar su auténtica "causa", toda vez que los trabajadores eventuales habrían recibido indemnizaciones de 20 días por año trabajado en lugar de ocho días por año trabajado.
