Díaz, "preocupada" por la "deriva autoritaria" del PP, no descarta acciones legales contra la Ley de Seguridad Ciudadana

Susana Díaz
EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO
Actualizado: martes, 17 diciembre 2013 22:40

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha mostrado este jueves su "preocupación" por la "deriva autoritaria" del Gobierno del PP, "que en vez de ser sensible y tender la mano al diálogo con la sociedad", pretende acallar las movilizaciones a través "del miedo y la mordaza", de una manera que recuerda a "etapas pasadas con leyes de orden público que ha costado mucho tiempo superar". Por ello, ha anunciado que el Gobierno andaluz no descarta emprender acciones legales contra la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Ejecutivo central.

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Parlamento y tras ser interpelada por el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en relación a la defensa de los derechos ciudadanos, Díaz ha indicado que después de la "voladura del estado del bienestar" acometida por el Gobierno central en sus dos primeros años, ahora se está centrando en el "desmontaje del estado de derecho con decisiones que tienen un dudoso encaje constitucional y que deterioran la calidad de la democracia".

Tras asegurar que estas medidas, entre ellas la Ley de Seguridad Ciudadana, llevan a un país "más inseguro, con menos garantías jurídicas y menos libertades", Díaz ha considerado que no es bueno "legislar en caliente", haciendo así referencia al conflicto del Ayuntamiento de Madrid por los servicios mínimos en la última huelga del Servicio de Basuras. "Eso es populismo", ha apostillado la presidenta de la Junta.

Asimismo, ha querido dejar claro que Andalucía y su gobierno siempre se han caracterizado por la defensa real del estado social. "Y en ese camino, que es una seña de identidad de la Comunidad, vamos a seguir", ha manifestado Díaz, quien ha garantizado que el Ejecutivo andaluz se va a oponer "con firmeza y convicción" ante cualquier retroceso en las libertades de la ciudadanía, poniendo en marcha políticas que minimicen todos los recortes en este sentido.

La presidenta de la Junta también ha criticado el cierre y la privatización de medios de comunicación públicos por parte del PP en aquellas comunidades donde gobiernan, utilizando la "excusa" de que lo hace para no cerrar hospitales o centros educativos. "Aquí no cerramos hospitales ni centros educativos, y mantenemos los medios de comunicación públicos", ha subrayado.

En este contexto, Díaz ha reivindicado "la relevancia y necesidad" de una Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) en la Comunidad, que sea "útil, sostenible y que vertebre al territorio". Según ha señalado, se trata de un "compromiso inequívoco" que responde al mandato del Estatuto de Autonomía y que se llevará a cabo a través del contrato programa firmado con el ente público.

JIMÉNEZ ADVIERTE DE UN "PLAN DE DESTRUCCIÓN MASIVO" DEL PP

Por su parte, Mario Jiménez ha hecho un recorrido por los derechos ciudadanos recogidos de la Constitución que están siendo "atacados" por el Gobierno de Rajoy, entre los que ha mencionado la educación, la sanidad, la tutela judicial, la libertad de expresión y de información o la autonomía local. En su opinión, el Ejecutivo de Rajoy está ejecutando "un plan de destrucción masivo en materia económica y de recortes sociales y democráticos".

El portavoz socialista ha asegurado que su formación no va a permitir ningún recorte de democracia y ha subrayado que las televisiones públicas están siendo "los objetivos preferidos" del PP, augurando que la Radio Televisión de Valencia no será "la única" en echar el cierre porque los 'populares' las están "condenando y asfixiando para acallar las voces discrepantes y silenciar cuando se cierra un centro de salud o se echa a una familia de su casa".

"La derecha hablaba de una mayoría silenciosa, pero lo que de verdad quiere es una mayoría silenciada", ha destacado Mario Jiménez, quien ha sido muy crítico con la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno central, que ha calificado como "la ley del silencio" y como "una mordaza propia de los peores momentos del franquismo que nos hará retroceder 30 años".