Diputación de Sevilla recurrirá la sentencia sobre la cobertura de puestos de su RPT realizada "conforme a la legalidad"

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, gobernada por Javier Fernández (PSOE), ha defendido que ha actuado "conforme a la legalidad en la cobertura" de "determinados puestos de jefatura funcionariales" incluidos en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por lo que ha anunciado que va a presentar un recurso contra una sentencia que lo cuestiona.

Así lo han avanzado este viernes fuentes de la Diputación consultadas por Europa Press después de que el portavoz del PP en la institución provincial, Martín Torres, haya destacado en un comunicado que "la justicia vuelve a darle un varapalo al Gobierno socialista" de la institución provincial por su "política de enchufes", al hilo de una reciente sentencia que "anula la elección a dedo de tres puestos de jefatura en la Diputación de Sevilla", según ha subrayado, haciéndose eco de una resolución judicial de la que ha informado este viernes el diario 'ABC'.

Las fuentes de la Diputación consultadas han replicado que dicha sentencia "no es firme", y no hace referencia a "una convocatoria pública" ni a "un nuevo proceso de contratación", sino a "una actuación administrativa vinculada a la organización interna del personal funcionario".

Han indicado que la sentencia "no tiene efectos ejecutivos inmediatos y se encuentra dentro del procedimiento ordinario de revisión judicial", y "se va a presentar recurso" desde la Diputación "contra dicha resolución al considerarse que incurre en errores relevantes".

Para el gobierno de la Diputación, "el análisis preliminar revela importantes errores materiales y de argumentación" en la resolución judicial referida, "incluyendo el uso de fragmentos literales de otras sentencias que no guardan relación con el caso".

Las mismas fuentes agregan que "esta sentencia forma parte de un procedimiento iniciado anteriormente, a raíz de una denuncia previa sobre la misma cuestión, en el cual el juzgado reconoció parcialmente ciertas alegaciones, sin llegar a anular los actos administrativos".

Tanto el Servicio de Personal como el Servicio Jurídico de la Diputación "mantienen que el proceso seguido en este caso fue ajustado a derecho, sin designaciones arbitrarias o discrecionales", y desde la institución provincial agregan que "los puestos objeto de controversia fueron cubiertos conforme a la normativa vigente, en el marco de las competencias organizativas internas de la Diputación".

De esta manera, indican que "se utilizó el procedimiento de concurso específico, un procedimiento ordinario previsto en la normativa de función pública, que favorece la carrera profesional del personal funcionario", y que "forma parte de los compromisos asumidos por el Área de Empleado Público con todas las fuerzas sindicales presentes en la Diputación", además de que "está recogido expresamente en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado por el Pleno de la Corporación".

Son "puestos funcionariales, no de libre designación política ni de personal eventual, y se han cubierto de acuerdo a criterios técnicos y organizativos plenamente legalizados", según agregan desde la Diputación, desde donde se defiende así que es "una actuación administrativa sustentada legalmente y respaldada por informes técnicos".

De esta manera, la Diputación "interpondrá recurso contra la sentencia por entender que presenta defectos graves de motivación jurídica y un uso inadecuado de la jurisprudencia", y va a "defender la legalidad del procedimiento y la validez de los nombramientos con todos los recursos jurídicos a disposición, en defensa de la institución y del personal afectado".

Para el gobierno de la Diputación, hablar de "anulación" de puestos o "designaciones a dedo" es emplear términos "precipitados y jurídicamente imprecisos", porque, según insisten en defender, la administración provincial "ha actuado conforme a la legalidad en la cobertura de estos puestos funcionariales, mediante un procedimiento ordinario y transparente de concurso específico, alineado con los acuerdos sindicales y los planes aprobados por el Pleno", de forma que "no ha existido designación a dedo, sino una actuación plenamente legal", concluyen las mismas fuentes.