Echevarría.- Montero atribuye el traslado a "presiones internas" y descarta posibles denuncias o nuevas peticiones

Actualizado 15/03/2007 14:38:22 CET

Considera que "no se pueden imponer ni criterios religiosos ni ideológicos a la voluntad de los enfermos"

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Jesús Montero, atribuyó la petición de traslado de Inmaculada Echevarría del Hospital San Rafael de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios a un centro del SAS a "presiones internas que todo el mundo puede imaginar", toda vez que consideró "baja" tanto la posibilidad de que se registren peticiones similares a las de ésta paciente por parte de otros enfermos, como el riesgo a que el entorno familiar de la misma u colectivos pro vida emprendan acciones legales contra la Junta.

A preguntas de los periodistas en Sevilla al término de la presentación de un nuevo portal web de información sanitaria, la titular andaluza del ramo afirmó que en la comunicación emitida ayer desde el Hospital San Rafael para el cambio de centro de Inmaculada "no justificaban nada" relativa a los porqués de ese cambio, al tiempo que recordó que desde la dirección del San Rafael "lo que sí habían realizado con anterioridad era un pronunciamiento a propósito de que compartían la decisión de Inmaculada, por lo que pusieron a disposición de la misma sus instalaciones, lugar donde había permanecido durante años".

Con "posterioridad" a este posicionamiento de este hospital, Montero recordó que ayer mismo "emitieron otro comunicado en donde seguían reafirmándose en el sentido de que aceptaban la voluntad de la paciente, pero comunicando simplemente su deseo de que la paciente se trasladara de centro sanitario".

"El Hospital San Rafael ha tenido en todo momento un comportamiento ejemplar", quiso dejar claro la consejera del ramo, quien pese a todo puntualizó que, "como es lógico y todo el mundo puede imaginar, creo que existieron otro tipo de motivos que son presiones internas, que le han obligado a solicitar el traslado de Inmaculada a la Junta".

A tenor de ello, aclaró, "la trasladamos al centro hospitalario más cercano de donde se encontraba ingresada, al objeto de evitarle molestias innecesarias". En cualquier caso, aseguró que "tratándose de un caso aislado y singular, además de sometido a una gran presión mediática, nuestra relación --de la Junta-- no va a repercutir en el concierto que actualmente se establece con los hermanos de la Orden de San Juan de Dios".

"La Junta ha entendido que el caso de Inmaculada, en relación con el Hospital San Rafael, ha sido muy concreto y todos los ciudadanos hemos entendido que la actuación del centro ha sido ejemplar, acompañando a la paciente y poniendo a disposición de la misma sus instalaciones para que pudiese llevarse a cabo la retirada del tratamiento", aclaró Montero, quien reiteró que "otro tipo de presiones, que no voy a entrar a valorar, han sido las que han condicionado u obligado la solicitud de traslado de la paciente por parte del hospital".

POSIBLES ACCIONES LEGALES

Preguntada del mismo modo si la desconexión del respirador que mantenía con vida a Inmaculada puede derivar desencadenar ahora posibles acciones legales, consideró que este riesgo "es bajo" tras aludir a los "suficientes avales" que le reportaron desde el Comité Autonómico de Etica y el Consejo consultivo de Andalucía.

"Creo realmente que el riesgo a posibles acciones legales es bajo dado que, antes de garantizar esta solicitud de retirada de tratamiento, la Junta de Andalucía había tenido en su poder dictamines de la envergadura del Comité de Ética y del Consejo Consultivo, que lo componen expertos jurídicos de reconocido prestigio y que planteaban que la decisión de retirarle el respirador no era punible desde el punto de vista jurídico", argumentó.

"Creo que estos son avales suficientes para tener la confianza de que este tema tiene un riesgo muy bajo de que realmente vaya a los tribunales", insistió.

PETICIONES SIMILARES y PRINCIPIO DE ACTUACION MÉDICA

A la pregunta de si la Junta teme que el caso de Inmaculada puede desencadenar un 'efecto dominó' de otros pacientes que soliciten una limitación de su esfuerzo terapéutico en enfermedades terminales al entender que este caso marca un precedente histórico, declaró que no cree que tenga lugar este hecho, "ya que lo único que se ha puesto de manifiesto es que Inmaculada tenía una voluntad decidida de interrumpir su tratamiento".

Además, consideró que este caso "ha puesto de manifiesto que las circunstancias concretas que rodean a Inmaculada son singulares y que su entorno familiar y línea de creencia marcan su voluntad, que es única y unívoca para cada persona".

De igual modo, aludió al "derecho" que les asiste a los pacientes "que lo dejan por escrito en su testamento de voluntades anticipadas" y que, por tanto, "tienen que regir el principio de actuación profesional de cada uno de los miembros del equipo sanitario".

"Lo importante es que no se pueden imponer ni criterios religiosos ni ideológicos a la voluntad de los enfermos", valoró Montero, quien por otra parte subrayó que a la paciente "le pusieron todos los mecanismos de sedación durante su proceso" de limitación terapéutica.

"SE HA VISTO CUMPLIDO SU DESEO"

Montero, quien destacó que "se ha visto cumplido el deseo de Inmaculada de rechazar un tratamiento que la mantenía con vida", se refirió igualmente a la información "rigurosa y transparente" que se ha emitido durante todo el proceso de la paciente "y que se inicio con la solicitud de la misma", recordó.

"A partir de ahí, la Junta pidió un informe al Comité de Ética que consideró que era ético acceder a la petición de Inmaculada, una vez cumplidos los requisitos legales, y de que la decisión de la paciente era libre, fuera de todo tipo de coacción y que se mantenía en el tiempo".

Además, el propio Comité de Ética aconsejó que se llevara a cabo la solicitud de la paciente "dentro de la más estricta confidencialidad" con objeto de respetar la intimidad "que legalmente le asiste también a la paciente", prosiguió.

Una vez hecho esto, añadió, "la Junta solicitó un segundo dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, el cual dictaminó que se trataba de un derecho de la paciente recogido en el ordenamiento jurídico vigente", en referencia a la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Salude de Andalucía. De igual forma consideró que la actuación de los profesionales sanitarios "no se podían considerar punibles desde el punto de vista jurídico" y que "no es eutanasia".

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CASO

Por todo ello, confió en que el caso de Inmaculada "no se utilice ahora ni en un futuro con otros fines que no sean el respeto de la voluntad de la paciente", toda vez que se mostró esperanzada de que "seamos capaces de estructurar este tema en los términos como hasta ahora se están dando".

"Una vez más repetimos que no se trata de eutanasia, aunque algunos se empeñan en confundir los conceptos", añadió. Igualmente, agradeció el "tratamiento exquisito" de los medios de comunicación en el caso de Inmaculada, "en el sentido de tratar la materia desde el respeto a la decisión de la paciente y sin entrar en detalles que pudieran empañar la confidencialidad de este caso", explicó.

"Se trataba de un caso singular y que no se puede universalizar, aunque cada vez toma mayor protagonismo la autonomía del paciente a tomar sus propias decisiones, derecho que la ciudadanía reclama y que los poderes públicos tenemos que hacer efectivos, siempre desde el derecho a la muerte digna que permitan no añadir una agonía que la persona ya tiene por encontrarse en esa situación terminal", concluyó.