SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La federación provincial de Ecologistas en Acción ha elevado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, a la Consejería de Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza del Agua la posible apertura "ilegal" de un pozo en la finca Las Turquillas, enclavada en Osuna (Sevilla) en plena Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000 europea y en suelos de la reserva natural del complejo endorreico de la Lantejuela.
En un comunicado, el colectivo ecologista atribuyó la autoría de los hechos al Ayuntamiento de Osuna, gobernado por Rosario Andújar (PSOE), y advirtió de que la apertura de este pozo vulnera "dos de las figuras de protección ambiental más estrictas existentes en la normativa ambiental". Se trata, según la organización, de "un atentado ecológico en toda regla perpetrado por un ayuntamiento que ya cuenta con sanciones por aperturas de pozos ilegales en zonas menos sensibles. Abonar esas cuantías resulta rentable económicamente y se burla la legalidad".
Para Ecologistas en Acción, se trata de "conductas delictivas llevadas a cabo por instituciones públicas por la vía de los hechos consumados, en un claro ejemplo de falta de responsabilidad que raya incluso en la temeridad".
El pozo, según la organización ecologista, fue abierto el pasado 27 de agosto en esta finca propiedad del Ministerio de Defensa y tiene un diámetro aproximado 1,5 metros, una profundidad de 25 metros y alcanza el nivel freático "sin disponer de las debidas autorizaciones". Como se recordará, mediante un acuerdo, el Ayuntamiento ursaonense goza de los derechos de uso de 300 hectáreas de esta finca.
Ecologistas en Acción recordó que tiempo atrás, ya fue denegada la apertura de un pozo de las mismas características y lamentó que el Ayuntamiento, que proyecta la práctica de agricultura ecológica y actividades turísticas y recreativas en estos suelos, actúe "saltándose todos los procedimientos legales establecidos de autorizaciones ambientales, estudios de impacto y sin tener en cuenta su compatibilidad legal".
Ecologistas en Acción va a exigir a las administraciones involucradas, fundamentalmente la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del Agua y el Ministerio de Defensa, la denegación "de cualquier autorización relacionada con este proyecto que a todas luces, debe pasar por los más estrictos controles medioambientales y que en gran parte, no es compatible con el espacio doblemente protegido".
"Las reservas naturales no están concebidas para el turismo, por algo son denominadas reservas y deben mantenerse lo más aisladas posibles de la influencia humana debido a su fragilidad y a la presencia en ellos de especies en grave peligro de extinción", concluyeron los ecologistas.