Alertan que hasta el momento la empresa "no ha depositado el fondo de garantía exigido por la Audiencia Nacional"
SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones ecologistas Greenpeace, WWF España y Ecologistas en Acción han indicado este jueves que esperan que "las zonas afectadas por los vertidos de fosfoyesos de la empresa Fertiberia recuperen su estado original como marismas tras los trabajos de regeneración de las balsas, si bien, precisan que el proyecto actual no es suficiente".
En este sentido, durante la rueda de prensa, celebrada este jueves en Sevilla, la directora de Greenpeace España, Miren Gutiérrez, que ha estado acompañada por el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, y el responsable de vertidos de Ecologistas en Acción, Francisco García, ha señalado que las organizaciones se felicitan por el cese el 31 de diciembre de los vertidos de fosfoyesos en las marismas del río Tinto. No obstante, ha precisado que "aún queda mucho trabajo por delante", sobre todo, de las administraciones implicadas que "deben exigir y garantizar" que las empresas culpables de este desastre medioambiental restauren con garantías la zona.
En esta línea, ha apuntado que "las empresas se han lucrado durante años contaminando el medio ambiente, por lo que son ellas las que se deben hacer cargo de los costes de limpieza, ya que quien contamina, paga". Por otro lado, ha instado a que tanto las empresas implicadas como las administraciones elaboren un plan de empleo en el que los trabajadores afectados tras el cese participen en las tareas de descontaminación. "Aún se está a tiempo para tomar medidas que supongan creación de empleo verde en Huelva", ha manifestado.
Por otro lado, Juan Carlos del Olmo, que ha calificado el fin de los vertidos sobre las marismas del Tinto como un "hito histórico", ha apuntado que se ha logrado gracias a las acciones legales de las organizaciones ecologistas, a la presión de los movimientos sociales y el apoyo de los medios, que han permitido dar "el primer paso para resolver un problema a 500 metros de Huelva".
En este sentido, el secretario general de WWF España ha recordado las actuaciones legales emprendidas por las organizaciones tanto por la vía administrativa, contencioso-administrativa y europea. "Hay pocos casos en las que las ONG hayan utilizado tantas herramientas, en parte debido a la resistencia de la empresa a reconocer el problema, su responsabilidad y tomar medidas, y a la desidia de la Administración para permitir que esto ocurriera, así como por el convencimiento social de que terminar con este episodio de contaminación era perjudicial para Huelva", ha aclarado.
Del Olmo ha realizado un recorrido desde 1998, año en el que la empresa consigue la concesión para ocupar 720 hectáreas de dominio público marítimo terrestre, en la margen derecha del río Tinto, para "acumular y apilar los fosfoyesos que se producen como residuos de su industria". Desde entonces, las organizaciones ecologistas comenzaron a denunciar lo que estaba sucediendo. Cinco años más tarde, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente dicta la resolución "ejecutiva" por la que se declara la caducidad de la concesión.
"Ocho años han sido necesarios para que se llevará a cabo la resolución, pero mientras tanto se ha vertido tres millones de toneladas de residuos al año". Además, ha indicado que desde 2003, la empresa ha dejado de pagar el canon por la cesión. Después de 20 escritos de petición para exigir la resolución ante diferentes administraciones, el paso de cuatro ministros y el Auto de 14 de diciembre de 2009 de la Audiencia Nacional para exigir el ceso de los vertidos el 31 de diciembre de 2010, la restauración de la zona de dominio público marítimo terrestre en base al plan que tiene que presentar la Administración central y la demanda de una garantía de cumplimiento de la obligación de 21,9 millones de euros, queda "camino largo por delante".
"GARANTÍA INSUFICIENTE Y RIDÍCULA"
En este sentido, ha asegurado, según fuentes ministeriales, que Fertiberia "no ha depositado un solo euro de la garantía", la cual ha considerado "insuficiente y ridícula" pues "no contempla el volumen y la peligrosidad de los residuos". Así, Del Olmo ha intentado realizar una comparación al respecto con el caso de los vertidos al río Ebro en Flix (Tarragona), donde el volumen de residuos fue de 800.000 toneladas y el importe destinado a la descontaminación según el Boletín Oficial del Estado es de 162 millones de euros, esto es, 203 euros por toneladas. En el caso andaluz se han vertido tres toneladas por año, ascendiendo a un total de 120 millones y la garantía es 21,9 millones de euros.
Asimismo, ha precisado que la compañía ha estimado está garantía en base a lo que para ellos supone la restauración, es decir, "una capa y unos árboles". Desde Greenpeace se ha resaltado que se está ante "el mayor caso de contaminación de Europa", por lo que la recuperación tiene que tener "las mismas proporciones". Según Del Olmo, subraya que "la actitud de Fertiberia ha sido la de esquivar el compromiso", por lo que le toca al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "exigir la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional". "Este tema es una patata caliente que tiene la ministra Rosa Aguilar encima de la mesa", ha añadido.
"EL PROYECTO NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS"
Por otro lado, ha indicado que la propuesta de recuperación y regeneración de las zonas afectadas por los vertidos de fosfoyesos de la empresa Fertiberia, presentado recientemente por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, es "un estudio piloto orientada a contener la contaminación y evitar las filtraciones únicamente, por lo que no queda claro cual es el objeto de restauración, si contener y tapar los residuos o recuperar las marismas como manda la Ley de Costas y dejarla para que sea funcional", ha indicado.
En conclusión, ha resaltado que desde las organizaciones ecologistas exigen que se devuelva la marisma a su estado original, ya que tiene que seguir siendo dominio público marítimo terrestre, que no se limiten las actuaciones de regeneración a zonas puntuales, sino a las 720 hectáreas de la concesión. Además, ha lamentado que no haya calendario de actuación y considera "un fallo de base" que el proyecto de restauración "no contemple el impacto del cambio climático, teniendo en cuenta el aumento del nivel del mar".
Por su parte, Ecologistas en Acción califica de "lamentable" que se haya estado cometiendo está "falta de respecto" a la ciudad de Huelva. En este sentido, el responsable de vertidos, Francisco García, ha recordado que desde 1985 comenzaron las protestas contra la actividad de la empresa, si bien, después de 42 años de producción, el resultado es 120 millones de toneladas de fosfoyesos en las balsas de las 1200 hectáreas de las marismas.
El plan de restauración, ha reiterado, "no soluciona los problemas de la balsa", pues las filtraciones continuarían y los elementos radiactivos, que se filtran, llegarán a zonas profundas de las balsas y acuíferos. Se trata, según ha asegurado, de "un proyecto costosísimo que solo tapa el problema y pasa la herencia a generaciones venideras".
En este sentido, los elementos radiactivos en las balsas, derivados de la desintegración del Uranio-238, que tiene un periodo de vida 2.500 años, mantendría radiactividad en las balsas "durante 5.000 años como mínimo", ha explicado.
