Ecologistas pide la incorporación del nuevo expediente sancionador a la causa de Cobre las Cruces

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción, personada en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla contra cuatro directivos de la compañía 'Cobre las Cruces' por supuestos delitos contra el medio ambiente y de daños continuados, solicitará la incorporación a las diligencias del expediente sancionador que tramita la Agencia Andaluza del Agua contra estas misma empresa, --que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras--, por la detracción de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas al margen de los términos de su 'Plan Global de Gestión de Aguas'.

El coordinador de Ecologistas en Acción para la campaña contra la mina de 'Cobre las Cruces', Isidoro Albarreal, lamentó en declaraciones a Europa Press que los cuatro directivos de la empresa imputados en la causa hayan negado ante la juez Ana Escribano tanto la posible detracción irregular de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla Posadas, como la presunta instalación ilegal de balsas y la supuesta contaminación por arsénico de este cauce hídrico. "Es evidente que había contaminación en el acuífero", dijo Albarreal advirtiendo de que la "estrategia de engaño a la Justicia" promovida por la compañía se asemeja a la protagonizada antes de 1998 por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), gestora de la mina siniestrada en Aznalcóllar (Sevilla).

En concreto, el martes prestaron declaración ante la juez el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, y el director de Minas, William Thomas Willliams, mientras en esta última jornada han hecho lo propio el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen. A todos ellos, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico les atribuye delitos de daños continuados y contra el medio ambiente a partir de los expedientes sancionadores incoados en 2008 contra la empresa por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al descubrir unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un supuesto desequilibrio en el sistema de drenaje y re inyección y la presencia de arsénico en el agua.

A tal efecto, Isidoro Albarreal anunció que Ecologistas en Acción solicitará a la juez Ana Escribano que incorpore a las diligencias el expediente sancionador incoado durante el año en curso por la Agencia Andaluza del Agua contra esta misma empresa por la posible detracción de aproximadamente 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas al margen de los términos de su 'Plan Global de Gestión de Aguas', autorizado precisamente para restituir la concesión relativa a la explotación el acuífero tras la suspensión desencadenada a cuenta de los primeros expedientes sancionadores del año 2008. Con este nuevo expediente sancionado, según dijo, "cobra fuerza" el posible delito continuado de daños detectado por el Ministerio Público.

Igualmente, Ecologistas en Acción reclamará que sean investigados los problemas en el suministro de agua sufridos en el municipio de Burguillos, abastecido mediante pozos que beben del acuífero Niebla Posadas, ante su posible relación con esta "detracción excesiva" de 800.000 metros cúbicos de agua supuestamente cometida por la empresa minera, filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining'. "Esa cantidad triplica el consumo anual de Burguillos", advirtió.

Por último, Albarreal lamentó que las autoridades medioambientales "no hayan aprendido nada" de la catástrofe medioambiental derivada de la ruptura de la balsa de lodos tóxicos de la mina que Boliden-Apirsa explotaba en Aznalcóllar, si bien manifestó su esperanza en que "la Justicia sí haya aprendido la lección".

LA QUERELLA

La querella de la Fiscalía se remonta al otoño de 2008 y, como se recordará, partía de los expedientes sancionadores incoados por la CHG contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.

Los hechos, según la querella formalizada en su momento por la Fiscalía, podrían constituir un posible "delito continuado de daños" conforme a los artículos 263 y 264.1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus apartados A y B, del mismo cuerpo legal. Y es que el Ministerio Público consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en el acuífero Niebla-Posadas, que además sufrió una detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO

De hecho, precisamente en una inspección cursada el 4 de julio de 2007 por los técnicos de la CHG se fundamentaba la querella interpuesta por la Fiscalía, porque las muestras arrojaron la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano.

La Fiscalía, en función de la investigación incoada por la CHG para sus expedientes sancionadores, aludía también a un "incumplimiento radical de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión de la autorización del sistema de drenaje y re inyección el 12 de mayo de 2008 con el consiguiente precinto de los sondeos. La valoración de los daños, según la Fiscalía, ascendía a 249.521,43 euros por los perjuicios del desequilibrio entre detracciones e inyecciones y a 43.688,17 euros en el caso de los daños por contaminación.

Así, el departamento de María José Segarra defendía que los daños globales cuantificados en cuanto al dominio público sumaban "al menos" 322.381'60 euros, a lo que debe agregarse "una grave alteración del curso de las aguas", arriesgando "personas y el entorno medio ambiental" al contaminar con arsénico un acuífero del que se abastece la población humana".