Una gasolinera de Petroprix - PETROPRIX
PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)
Después de que a finales de mayo el pleno del Ayuntamiento de Palomares (Sevilla), gobernado por Manuel Benjumea (Cs), aprobase el inicio de un nuevo procedimiento para la posible declaración de lesividad de la resolución municipal correspondiente a la licencia de obras concedida para la instalación de una nueva gasolinera cerca de las viviendas de la calle Loma Verdejena, suspendiendo la "ejecución" de dicha resolución hasta la finalización de la nueva tramitación; la empresa promotora de la gasolinera ha criticado las múltiples "trabas" del Consistorio a su proyecto.
La licencia concedida por el Ayuntamiento para la instalación de esta nueva estación de servicio cerca de viviendas, así como el rechazo vecinal a dicha iniciativa, fue el principal motivo de la reciente moción de censura promovida por Cs junto a dos ediles del PP expedientados por la operación y las que fueran capitulares de Podemos y Vox, declaradas no adscritas a cuenta de esta maniobra; para expulsar del poder a la socialista Ana Isabel Jiménez Salguero y proclamar alcalde a Manuel Benjumea (Cs).
Días antes de la moción de censura, la entonces todavía alcaldesa socialista acusaba a los ediles promotores de la moción de censura de impedir la celebración de un pleno extraordinario y urgente que había convocado, al votar en contra de la urgencia de la sesión.
Ese pleno finalmente no celebrado, según explicaba la ya exregidora, estaba destinado a dar cuenta de los nuevos informes municipales y externos que estimaban las alegaciones de Petroprix Energía contra la anterior "declaración de lesividad" promovida por el Consistorio contra su propia licencia, al entender tales informes "subsanables" los aspectos esgrimidos para "intentar la anulabilidad del acto administrativo" de la concesión de la licencia de obras.
LA NUEVA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD
La nueva declaración de lesividad de la concesión de la licencia aprobada a finales de mayo ya con el nuevo gobierno de coalición fruto de la moción de censura expone que el pasado 13 de mayo, días después de la moción de censura, fue registrado un documento de la asociación de vecinos Palomares avisando de "posibles irregularidades" en el proyecto técnico de la gasolinera al estar firmado por un "técnico no competente" para ese tipo de instalaciones, instando así a la "revisión de oficio".
Un "servicio externo especializado" y contratado por el Ayuntamiento, según el acuerdo aprobado, ha emitido un informe según el cual por tal motivo, la resolución de Alcaldía que autoriza la licencia de obras incurriría en "vicio de anulabilidad por ser redactado" el proyecto por "un técnico incompetente".
Por eso, el acuerdo aprobado implica "iniciar el procedimiento" para resolver si procede la declaración de lesividad de la resolución de Alcaldía que autorizaba la licencia de obras, así como "suspender la ejecución de la resolución" hasta la finalización de este procedimiento administrativo, siendo suspendidos los demás actos administrativos que derivasen de la mencionada resolución municipal.
"BARRERAS ADMINISTRATIVAS"
Al respecto, Petroprix Energía ha denunciado las "barreras administrativas" a su proyecto, detallando que en mayo de 2019 presentó la solicitud de licencia de actividad sometida a la calificación ambiental, a la licencia de obras y a la valoración del impacto en la salud, pero "los distintos requerimientos por parte del Ayuntamiento no llegaron hasta mayo de 2020".
"Meses más tarde el pleno decidió suspender la licencia de obras, después de que se pusiera en marcha un procedimiento donde se pedía revisar la calificación ambiental, informe suspendido al no constar el estudio favorable de la evaluación del impacto en la salud, algo que tenía que haber sido presentado por el Ayuntamiento ante la Consejería de Salud de la Junta y que no hizo", indica la empresa, toda vez que los promotores de la moción de censura acusaban al anterior gobierno local del PSOE de no actuar para impedir el proyecto, rechazado por los vecinos de la zona.
En 2021, "con una demora de dos años desde el inicio del procedimiento, el Ayuntamiento comunicó la tramitación del informe de calificación ambiental y del impacto en la salud, pero no avisó a Petroprix hasta siete meses después y a comienzos de 2022 el Consistorio concedió la licencia de obra", resume la empresa.
LOS VECINOS
Es más, según la entidad, cuando comenzaron las obras, "los vecinos comenzaron a acosar a los trabajadores y obstaculizaron el acceso permanente a la zona de obras con sus vehículos, algo que la Policía Municipal no quiso resolver".
Ahora, ante la suspensión provisional de la licencia por la nueva declaración de lesividad, la empresa pide "mayor celeridad y coordinación a las administraciones para dar salida a este proyecto que beneficia al conjunto de la sociedad".
"Nuestra obligación es ofrecer a los consumidores una alternativa de repostaje con precios más ajustados y una alta calidad. Queremos seguir aumentando el número de estaciones, ya que una mayor competencia permite suavizar los precios de los carburantes", señala Manuel Santiago, jefe ejecutivo de Petroprix.