Empresas estiman que el abono de subvenciones directas tarda unos 14 meses y en 4.000 euros el coste de la burocracia

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas andaluzas estiman que el abono de subvenciones directas, cuando se conceden, viene a tardar un promedio de 14 meses desde que es solicitada --seis meses de espera de la comunicación de concesión y ocho más desde ese momento hasta la recepción del dinero-- y han cifrado en unos 4.000 euros el coste aproximado que supone para una empresa la burocracia institucional al año, según el estudio 'Investigación sobre los frenos burocráticos a la actividad empresarial en Andalucía', realizado por la Escuela Andaluza de Economía, entidad dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Así, el informe detalla que el pago de contratos públicos por compra de bienes o servicios tiende a retrasarse una media de ocho meses, mientras que las devoluciones de impuestos, si procede, se produce como media en seis meses.

De igual manera, concreta que el 59,6 por ciento de las empresas no sabe calcular el coste económico que supone para su empresa la burocracia institucional al año, si bien los que lo han estimado asciende de media a unos 4.000 euros al año, siendo los autónomos los que registran las estimaciones mas bajas --menos de 2.000 euros al año--.

El informe que ha sido presentado por el director de la Escuela Andaluza de Economía, Manuel Ángel Martín, y por el director del proyecto de IMC, Joaquín Ágreda, junto con el presidente de la Escuela Andaluza de Economía, Juan Salas, ha señalado además que los trámites burocráticos que dificultan la creación de más de la mitad de las empresas han sido los precios públicos y tasas de licencias diversas, la duración de las autorizaciones administrativas y el número de trámites de constitución.

Una vez iniciado el negocio, la burocracia institucional tiende a ser considerada por la mayoría de las empresas como freno al pleno desarrollo de la actividad empresarial. Sobre todo en el caso de las demoras en los ingresos públicos a las empresas --pagos, devolución fiscal, subvenciones--, del pago de tasas, del tiempo de personal propio dedicado a trámites obligatorios y el coste de gestoría en la tramitación externalizada.

Según la mayoría de las empresas, la legislación de aplicación más general que más dificulta el normal desarrollo de su actividad son las obligaciones contables, la normativa municipal que exige tasas, la legislación laboral y la ley de protección de riesgos laborales. Es mayoritaria la opinión de que no afecta a la marcha de las empresas la legislación sobre accesibilidad a discapacitados.

Asimismo, la normativa específica, como las ambientales, sanitarias y urbanísticas, no dificultan el potencial crecimiento de un buen número de empresas, sí afecta de manera "más radical" a otros sectores de manera radical en su desarrollo.

IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El estudio detalla que las administraciones públicas ofrecen servicios para la reducción de las dificultades burocráticas que conllevan sus procedimientos y normas y, en este punto, la administración electrónica es la que más empresas utilizan. Sin embargo, las ventanillas únicas y la selección de empleados a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tienen muy pocos usuarios en el tejido empresarial andaluz, con una penetración del 25 por ciento y el 16 por ciento en el mismo, respectivamente.

Entre las empresas que han utilizado estos servicios públicos, la tramitación 'on line' es "universalmente" reconocida como una fórmula que facilita la labor burocrática exigida. En contra, las ventanillas únicas, por el contrario, han dificultado los procedimientos para el 45 por ciento de las empresas, y en una posición intermedia, el SAE ha dado facilidades a la actividad empresarial de la mitad de sus usuarios, aunque no ha reclutado muchas empresas como tales.

El estudio señala que la opinión más extendida entre el empresariado andaluz es que todas las administraciones funcionan de forma similar. En general, la Administración estatal es la que menos empresas tienden a considerar la peor. Por el contrario, los ayuntamientos y la Junta empatan como administraciones peor consideradas en profesionalidad, exceso de trámites, lentitud de respuesta, coste y número de normativas.

En cuanto a la duración de la respuesta económica institucional, en general las empresas indican que las cifras oscilan entre los tres meses y el año de respuesta administrativa.

REDUCCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

La encuesta, realizada a 800 empresas en diciembre de 2010 y con un error muestral de más menos 3,53 por ciento, ha sugerido algunas posibles iniciativas que mejoren la situación, centrándose las preferencias especialmente en la reducción de tasas y precios públicos, la reducción del número de trámites y documentos a cumplimentar, agilizar el pago a los proveedores y la devolución de impuestos. Estas demandas mayoritarias son especialmente respaldadas por las empresas que generan más empleo, en particular por las industriales.

Asimismo, las leyes y regulaciones normativas que más empresas consideran modificar para apoyar su crecimiento son las normas municipales sobre tasas y las obligaciones contables impuestas por la administración. En ambos casos son los centros de trabajo más pequeños y las empresas de reciente creación quienes sustentan esta demanda por encima de la media.

Ante esta situación, el director de la Escuela Andaluza de Economía ha ofrecido un índice de posibles soluciones que pasan por reducir la normativa, garantizar cierta seguridad jurídica, buscar mecanismos de comprobación una vez puesta en marcha la empresa y agilizar la administración electrónica.