SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de unos 40 expertos europeos en materia sanitaria están debatiendo desde hoy en Sevilla una "nueva alianza intersectorial" que pretende introducir los nuevos objetivos fijados en materia sanitaria en el resto de políticas públicas, "entre ellas la de vivienda o empleo", al objeto de mejorar los estándares de morbimortalidad de los ciudadanos.
En el marco del 'Taller de Evaluación de los Impactos de las Políticas en la Salud', organizado de forma conjunta por el Observatorio Europeo de Sistema de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Junta de Andalucía, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, avanzó a Europa Press que el objetivo se centra en plantear "cómo afectan otras medidas gubernamentales en la salud" de los usuarios.
Según avanzó, esta actuación "intersectorial" pretende incidir en otras políticas como la de empleo, vivienda ó educación, de tal forma que el diseño de su planes contemple el impacto sanitario que puede suponer a los ciudadanos.
"Se trata de poner en relación las distintas políticas que se desarrollan para analizar, en términos de salud, cuales son las que más contribuyen a la hora de prolongar la vida o de disminuir la prevalencia de ciertas enfermedades", declaró Montero, quien afirmó que desde Andalucía ya se viene trabajando este nuevo enfoque multidepartamental.
"Es un elemento en el que ya venimos trabajando desde hace tiempo en Andalucía a partir del diseño del nuevo modelo de Salud Pública", prosiguió Montero, quien justificó esta medida "tras haber superado los estándares ya anticuados de mortalidad y morbilidad".
En cuanto a los colectivos a los que irá dirigida la nueva estrategia, adelantó que será para toda la población general, si bien puntualizó que se llevará a cabo una "especial atención" a colectivos con mayor riesgo de exclusión social, entre ellos "rentas bajas, los que viven en zonas de transformación social de las grandes ciudades y al colectivo inmigrante".
Sobre éste último grupo, indicó que, "frente a lo que dice el PP, son ciudadanos que consumen menos recursos y que acuden en menor medida a los servicios sanitarios, probablemente porque piensan que la asistencia tiene un precio y se les va a cobrar por la atención recibida".
"No olvidemos que vienen de países donde se les cobra la atención sanitaria, siendo éste un factor y elemento cultural que aún prevalece", incidió Montero, quien apuntó a este factor como elemento "que los disuade de acudir a los centros sanitarios cuando tienen una enfermedad o algún problema".
