Señala que ambos "imponían o acordaban imponer los criterios políticos sobre los técnicos" y niega conocer quien cambió el pliego
"Se confió en los técnicos y sus informes como ocurre en el Ayuntamiento en general", señala sobre el pliego
SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis, ha tomado declaración en calidad de testigo al que fuera secretario general del Ayuntamiento hispalense Venancio Gutiérrez Colomina, en el marco de las diligencias relativas a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para enajenar sus suelos. Durante su declaración, ha explicado que el que fuera teniente de alcalde y vicepresidente de esta sociedad mixta, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA) y el socialista Gonzalo Crespo como presidente entonces de la empresa, tenían "una fuerza similar", negando además que conociese los cambios introducidos en el pliego de condiciones que reguló el concurso investigado.
Dentro de esta causa figuran, en calidad de imputados, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA); los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
RELACIÓN DE IMPUTADOS
También están imputados en esta línea de investigación la que fuera en la fecha de los hechos directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales, y el que fuera vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla Jorge Piñero.
Asimismo, permanecen imputados la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante; la que era ese momento subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el que fuera en la fecha de los hechos aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera. Y es que el concurso promovido por Mercasevilla para enajenar los suelos del mercado central fue favorable a la oferta formulada por 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial del grupo constructor Sando, pese a que al procedimiento concurría una oferta superior en términos económicos por parte del grupo Noga.
VARIAS HORAS PRESTANDO DECLARACIÓN
Pues bien, durante una maratoniana comparecencia finalizada pasadas las 19,00 horas y contenida en una acta de declaraciones de 69 folios a la que ha tenido acceso Europa Press, Gutiérrez Colomina ha explicado que como secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, fue miembro del consejo de administración y la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio, desde el año 2000 hasta febrero de 2007. A preguntas de la juez Alaya, ha explicado que Rodrigo Torrijos "tenía peso en general" en la empresa y "hacía sentir su contenido político", pero al mismo tiempo ha reconocido que el líder de IU-CA y Gonzalo Crespo, entonces presidente de Mercasevilla, "tenían una fuerza similar" en esta sociedad mmixta.
El exsecretario del Ayuntamiento ha defendido que "lo más razonable" era enajenar los suelos en cuestión a través de una subasta, aunque alega comprender que entonces se optase por un concurso para atender "al interés general" y no meramente a "las cuestiones económicas". Fernando Mellet, entonces director general, fue quien "impulsó fundamentalmente" esa fórmula y Rodrigo Torrijos la "secundó firmemente" por "criterios sociales", según el exsecretario.
NO TAN SIQUIERA LEYÓ EL PLIEGO
En cuanto al pliego de condiciones del mencionado concurso, ha explicado que durante la sesión de la comisión ejecutiva celebrada el 8 de noviembre de 2005, saldada con la aprobación del documento, votó a su favor pero no recuerda "haberlo leído", pues "ni lo pidió ni se lo negaron", sencillamente lo respaldó por "los informes verbales previos" y favorables al pliego. Así, ha defendido que no asistió a las sesiones del consejo de administración y de la junta general de accionistas celebrada por Mercasevilla el 30 de noviembre, con lo que nadie le habría "manifestado" los cambios introducidos en el documento cuando nuevamente fue sometido a debate en la comisión ejecutiva el 15 de febrero de 2006.
"No se dio ninguna explicación detallada sobre la valoración de la cláusula de titularidad previa o de la cláusula de limitación al alza", asegura el exsecretario sobre estas cláusulas, toda vez que la juez Alaya señala en una de sus preguntas que el primero de los aspectos "favoreció claramente" a 'Sanma' al haberse subrogado en los derechos de superficie antaño adquiridos por la sociedad mercantil 'Larena 98'. Este testigo ha aclarado que no fue "partidario" de la cláusula de limitación al alza pese a que se trata de una medida "legal".
"LO LÓGICO" HABRÍA SIDO HABLAR DE LAS NUEVAS CLÁUSULAS
De cualquier modo, ha defendido que no tuvo en ningún momento "conocimiento de quien decidió la inclusión de ambas cláusulas en el pliego de condiciones", si bien a preguntas del letrado del PP ha reconocido que los "criterios políticos eran expuestos por Crespo o Rodrigo Torrijos, e imponían o acordaban imponer los criterios políticos sobre los técnicos". "Lo lógico", a su juicio, hubiese sido explicar al menos este aspecto. También en cuanto a la elaboración del pliego de condiciones, ha explicado que "se planteó la posibilidad de pedir informes externos", pero se acordó que tal extremo no era "necesario" y "uno de los que se pronunció en ese sentido" fue Rodrigo Torrijos.
Abundando sobre la cláusula de titularidades previas, el exsecretario ha alegado no recordar que "se pretendiera otorgar 25 puntos" a este aspecto, como según la juez "impidió" Mercasa como accionista secundario de la empresa, aunque sí ha considerado que tal aspecto "sería demasiado. No se justifica ni por motivos sociales ni por motivos económicos". "En definitiva, se confió en los técnicos y sus informes, como ocurre en el Ayuntamiento en general".
