Facua estudia varios casos de los chabolistas de Tablada para dilucidar si tienen derecho a habitar los pisos

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) está estudiando varios de los casos de las 41 familias de etnia gitana exiliadas del Polígono Sur para dilucidar si tienen o no derecho, según cada caso concreto, a habitar las viviendas de titularidad pública precintadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para investigar su régimen de ocupación, dado que en 17 de los casos la Junta ya ha desligado los inmuebles de sus antiguos moradores.

El secretario general de Facua-Sevilla, Rubén Sánchez, informó a Europa Press de que hace varios días, dos de estas familias, que abandonaron el Polígono Sur por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, se asociaron a la organización y están recibiendo asesoramiento jurídico, toda vez que al poco, otras dos familias visitaron la institución para consultar su situación.

La investigación emprendida por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre estas 41 viviendas públicas abandonadas por las familias exiliadas, de momento, ha resuelto ya la ausencia de acreditación de propiedad por parte de 17 de los moradores, mientras dos de las familias tienen derecho a "recuperar" sus pisos y uno de los inquilinos ha renunciado por propia voluntad a la vivienda que ocupaba.

En ese sentido, Rubén Sánchez explicó que los servicios jurídicos de Facua están ya analizando la documentación de cada una de las familias que, a través de Facua, está consultando sus derechos en cuanto a estas viviendas, pero advirtió de que cada uno de los casos sufre sus propias singularidades en función de las pruebas que cada familia aporte sobre su relación con estos inmuebles del Polígono Sur.

"Algunas familias han puesto sus casos en nuestras manos. Ahora están en estudio", dijo Rubén Sánchez, quien aclaró que el destino de las indagaciones es averiguar "si estas personas tienen derecho de posesión, derecho a vivir en estos pisos" de titularidad pública y que, en muchos casos podrían haber sido adquiridos al margen de los procedimientos reglamentarios.

Al respecto, el delegado provincial de la Consería de Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Jesús Lucrecio Fernández, informó a Europa Press de que las familias objeto de estas 17 resoluciones negativas en cuanto a su relación con los pisos abandonados, y actualmente precintados, tendrán la "posibilidad de un recurso extraordinario de reposición o recurso de alzada" contra estas decisiones de la Administración autonómica.