SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, consideró hoy que los 14.000 millones arbitrados por el Gobierno aliviarán a los ayuntamiento con remanentes negativos y pequeños proveedores, aunque destacó que en este último caso, "no es suficiente".
En declaraciones a Europa Press, calificó de "magnífico" que estás líneas de ayudas encaminadas a la concesión de créditos se hayan aprobado hoy en el Consejo de Ministros e indicó que aunque "desconoce la cuantía total de la deuda de los ayuntamientos en España", esta líneas de financiación "aliviarán su situación". El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto-ley que contempla dos nuevas medidas que aportarán hasta 14.000 millones de euros a los ayuntamientos y entidades locales para pagar las deudas pendientes que mantienen con empresas y autónomos, con el fin de aliviar los problemas de liquidez de este colectivo.
Por una parte, el real decreto ley permitirá a los ayuntamientos realizar operaciones de endeudamiento para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008, y por otra instrumentará, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), una nueva línea de 3.000 millones de euros para avalar a las empresas y autónomos con deuda pendiente. Ambas medidas supondrán una financiación de unos 14.000 millones.
Las operaciones de endeudamiento bancario tendrán un plazo máximo de amortización de seis años, con posibilidad de uno o dos de carencia y, desde la concertación de la operación, las entidades locales dispondrán de un mes para cancelar sus deudas pendientes con proveedores.
La operación de endeudamiento podrá ascender a unos 11.000 millones de euros, a partir del cálculo de las entidades locales, que ya han remitido la liquidación del 2008 y de una proyección del posible remanente negativo de tesorería del conjunto de las entidades locales.
Esta nueva medida, permitirá solucionar el problema de las deudas impagadas por las entidades locales, al tiempo que reconoce el impacto negativo que ha supuesto para los ayuntamientos la evolución de la crisis y obliga a los consistorios a planificar su reequilibrio financiero.
