SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio por la reclamación presentada por la Diputación de Sevilla a la antigua Uralita, bautizada ahora como Coemac tras desligarse del negocio de los aislantes, para que ésta asuma los costes de la recuperación voluntaria del suelo contaminado por amianto del Cortijo de Cuarto, donde ésta tenía una empresa, ha sido fijado para abril del próximo año.
Según han informado fuentes de la institución provincial a Europa Press, este martes ha tenido lugar una vista previa en Madrid a la que estaban convocadas las partes para abordar la citada reclamación, una vista tras la que se ha decidido ir a juicio, que ha quedado fijado para el día 17 de abril de 2018.
Las labores de retirada del amianto de los terrenos donde se ubicaba la antigua fábrica de Uralita, actualmente propiedad de Diputación, arrancaron plenamente en julio de 2015, una labor que fue encomendada a la empresa especializada Befesa Gestión de Residuos Industriales S.L., llevándose a cabo en tres fases. La primera de ella se realizó entre el 9 y el 14 de julio y la segunda, entre el 25 y el 30 de agosto de 2015, retirando más de 2.000 toneladas de suelo, con un desembolso de 315.000 euros.
Tras ellas, se desarrolló una fase definitiva, la tercera, que contaba con un presupuesto de en torno a los 70.000 euros, en abril de 2017, una vez que la zona quedó habilitada para las labores de limpieza después de haber quedado inundada por las lluvias invernales.
En este marco, en mayo de 2017 se emitía ya un informe en el que se mencionaba que la zona contaba con niveles "indetectables por el laboratorio" de amianto, después de realizar un análisis en cinco puntos de la parcela, registrándose "no sólo un nivel por debajo de la ratio de seguridad fijada por la Junta de Andalucía --100 miligramos por kilo baremados--, sino que el amianto en ellos es ya indetectable por el laboratorio". Con este informe, la Diputación podía ya proceder a aterrar la zona en la que se ha actuado.
DENUNCIA DE UNOS VECINOS
Todas estas actuaciones partían de la denuncia realizada en febrero de 2013 por los vecinos de la zona que alertaron a la Diputación de Sevilla sobre una posible contaminación por amianto de estos suelos, en donde estaban las instalaciones de Uralita, algo que fue después confirmado por los diferentes estudios, por lo que en marzo la sociedad Sevilla Activa inició el procedimiento de gestión para dotar de presupuesto los trabajos de recuperación e iniciar las contrataciones necesarias.
En julio de 2013 se produce el informe de Inspección Suelo contaminado por la empresa Inerco y en octubre de ese mismo año se finaliza la ampliación de ese informe, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente. En marzo de 2014 comienza la redacción del proyecto de recuperación del suelo, obteniendo junio el informe favorable de la Junta andaluza y obteniendo la licencia municipal de movimiento de tierras en noviembre. Las obras son adjudicadas a Befesa en diciembre de 2014, tras lo que se aprueba en abril de 2015 el plan de trabajo, comenzando la primera de las fases de limpieza y retirada del amianto en julio de 2015.
