SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Superior de Andalucía ha decidido remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias contra el anterior presidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves, por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a las subvenciones concedidas a Minas de Aguas Teñidas (Matsa) siendo su hija una trabajadora de la empresa.
Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota, fue el pasado día 8 de junio cuando este colectivo formuló la denuncia contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno, una denuncia que fue registrada designándose, con la misma fecha, al fiscal competente para su tramitación.
En este sentido, explica que "antes de entrar a valorar los hechos que han sido denunciados o la necesidad de su investigación con las debidas garantías de proporcionalidad, contradicción y defensa, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha sido necesario establecer la competencia de la Fiscalía para su tramitación en atención al aforamiento de la persona denunciada".
En este sentido, la Fiscalía prosigue su relato señalando que, si se atiene a la fecha de producción de los hechos, cuando Chaves era presidente de la Junta, "sería de aplicación lo establecido en el artículo 118.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía", el cual establece que "la responsabilidad penal del presidente de la Junta será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", añadiendo posteriormente que "ante el mismo Tribunal será exigible la responsabilidad civil en que hubiere incurrido el presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo".
Al hilo de ello, la Fiscalía Superior asevera que, "si por el contrario nos atenemos a la situación actual, al ser un hecho evidente que Chaves es vicepresidente tercero y ministro del Gobierno de España, será de aplicación el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá, entre otros casos, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los miembros del Gobierno, así como de aquellas otras que, en su caso, determinen los estatutos de Autonomía".
En consecuencia, indica que "en cualquiera de los casos que han sido contemplados corresponde la competencia para la valoración de los hechos a la Fiscalía del Tribunal Supremo en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Por todo ello, y en virtud de decreto del pasado 22 de junio de 2009 suscrito por el teniente fiscal y con el visado del fiscal superior, decide remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia interpuesta.
