Declara que aceptó 1.750 euros que el comercial le cedió "para cervezas" y que algunos familiares trabajaban en Mercasevilla
SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
María del Carmen Fontela, prejubilada con cargo al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2005 por el restaurante sevillano Río Grande y cuyo nombre figura también en la documentación del ERE impulsado en 2003 por Mercasevilla, ha declarado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que confiaba plenamente en el comercial de 'Vitalia Vida' Francisco José González García y no le preguntó "nada" sobre la operación mediante la que fueron transferidos, durante unos cinco años, 155.605,27 euros a una cuenta abierta a su nombre por encargo de este comercial para cobrar supuestamente un dinero que a él "le debían".
La juez investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo, financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a esta partida presupuestaria.
En este marco, Fontela ha comparecido este jueves como imputada de presuntos delitos de malversación y obtención indebida de ayudas públicas. Y es que Fontela figura como beneficiaria de una de las pólizas de seguro de rentas asociadas al ERE promovido en 2005 por Río Grande, pese a que jamás ha trabajado en tal negocio. Su nombre, igualmente, figura en buena parte de la documentación del ERE acordado en 2003 por Mercasevilla pese a que ella tampoco trabajaba en la lonja hispalense, si bien no habría llegado a cobrar las indemnizaciones comprendidas en este procedimiento.
LA CONFESIÓN DE FRANCISCO GONZÁLEZ
El comercial de 'Vitalia Vida' Francisco José González, de su lado, había reconocido a la Policía Judicial que, en anuencia con el exsindicalista Juan Lanzas, propuso a Fontela y a su esposo una operación "legal" para cobrar "unas cantidades que le debían" mediante la inclusión de ella en un expediente de regulación de empleo, negando que ella se hubiese lucrado con esta operación.
La investigación ha revelado que con cargo al ERE promovido en 2005 por Río Grande, en una cuenta abierta a nombre de Fontela como beneficiaria de una póliza de seguro de rentas, fueron depositados un total de 155.605,27 euros a razón de entregas de hasta 3.000 euros mensuales. Pero Fontela, según el acta de declaraciones recogida por Europa Press, ha manifestado a la juez que como "favor" al mencionado comercial, accedió a que fuese abierta a su nombre una cuenta de ahorros cuya tarjeta quedaría en manos de González, porque en ella sería ingresado "un dinero que le debían y que él no podía cobrar".
La imputada ha asegurado que la cuenta fue abierta y le entregó la tarjeta al comercial, a quien conoce desde "hace 42 años", por lo que debido a su "mucha confianza", "no le preguntó nada". De hecho, ha defendido que tampoco preguntó nada cuando el comercial le pidió que firmase una documentación, en este caso relativa a la póliza de seguro de rentas que habría ser cargada a las indemnizaciones del ERE de Río Grande.
Fontela ha declarado que "nunca" reclamó dinero al comercial, pero ha reconocido que "cogió" unos 1.750 euros transferidos desde la cuenta bancaria investigada a otra también de su titularidad, en partidas de 300 ó 400 euros, porque era un dinero que Hacienda "devolvía" al comercial y él se lo cedía a ella "para que tomara una cerveza". Igualmente, ha negado conocer a la propietaria del restaurante Río Grande, Carmen García Sánchez, y al exsindicalista Juan Lanzas.
"TRILEROS"
Del mismo modo, ha negado cualquier relación con Mercasevilla y que no conoce al presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, pero ha señalado que "han estado trabajando" en el mercado central un tío suyo, un primo y los hijos de su primo.
De su lado, la propietaria del restaurante ha dicho desconocer que Fontela estuviera incluida en el ERE, aseverando que "no la conocía cuando suscribió la póliza", pues "la primera noticia que tiene de ella es cuando le llama la Policía para recibirle declaración". Ha señalado que, cuando firmó los certificados individuales de los beneficiarios de las prejubilaciones, Fontela "no estaba presente" y su nombre "no aparecía", por lo que cree que "la engañaron".
Aunque en un primer momento ha llegado a decir que "puede ser que los firmara en blanco", posteriormente ha rectificado y ha aseverado que "se trata de trileros y no sabe como consiguieron su firma".
Esta mujer, que está imputada por prevaricación y malversación, ha dicho desconocer los motivos por los que la Dirección General de Trabajo, en la figura del entonces responsable, Francisco Javier Guerrero, aceptó la inclusión de Fontela y "comprometió" el pago de la prima para 13 personas, en vez de 12, que eran los trabajadores afectados por el ERE.
Ha relatado que fue en 2003 cuando se planteó la necesidad de acudir a un ERE, debido al "exceso de personal y una plantilla en parte envejecida y de escasa formación", añadiendo que poco después de consultar en la Consejería de Empleo los trámites a seguir, y antes de la solicitud del ERE, "apareció" en el restaurante González, mientras que Estudios Jurídicos Villasís "llevó a cabo toda la gestión" del expediente.
CONTRATACIÓN DE UNA MUJER DE 64 AÑOS
En esta línea, se ha referido al papel de Juan Lanzas, asegurando que "se presentó en el restaurante con Paco y le manifestó simplemente que acudía para explicarle a los trabajadores las ventajas del ERE", tras lo que la juez le ha interrogado sobre por qué contrató a María José de la Rosa "sabiendo que tenía 64 años y que no tenía ninguna experiencia, cuando, según usted, lo que le sobraba era empleados de cierta edad y con escasa formación".
La dueña del establecimiento ha respondido que esta mujer "tenía muchas relaciones en Sevilla, traía muchas personas a su restaurante y mentía sobre su edad", por lo que "podía actuar de relaciones públicas".
Ha reconocido que, cuando contrató a esta persona, ya tenía planteado formular un ERE, pero ha precisado que, "inicialmente, no iba a entrar en el ERE, pues la necesitaba como relaciones públicas, pero luego, por un acuerdo con los trabajadores, se decidió que entrara". Por tanto, ha añadido, "no es cierto" que la contratara con la finalidad de que figurara como beneficiaria en una póliza de prejubilación.
"UNA HISTORIA DIFÍCIL DE CREER"
La juez, que ha recordado que María José de la Rosa "fue una señora que prácticamente no trabajó en su vida, salvo tres años como autónomo", ha cuestionado a la imputada "si le pareció lícito que por trabajar seis meses en su empresa pudiera recibir una renta vitalicia de más de 100.000 euros con cargo a los fondos públicos", y la imputada ha dicho que "no tiene la vida laboral de ningún trabajador" y que "en los curriculum se miente mucho".
Por último, la juez ha aseverado que de su declaración "se desprende una historia difícil de creer".
