La Guardia Civil preguntó por la "relación" de un exdelegado imputado con Pimentel

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, dentro del caso de los ERE irregulares, ha tomado declaración como imputado por un delito de tráfico de influencias al exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez en relación a las ayudas concedidas a la Asociación de Prejubilados de Graficromo y a la empresa Taller de Libros, y le ha cuestionado por su "relación" con el exministro Manuel Pimentel, que fue presidente del consejo de administración de esta última sociedad.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado respondió a los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba que su relación con Pimentel "se produjo con motivo de la situación de Taller de Libros y tan sólo se ha limitado a esos motivos", añadiendo que "le conocía por ser ministro de Trabajo durante un gobierno del Partido Popular".

En la declaración que prestó el pasado día 17 de junio, el que fuera delegado de Empleo en Córdoba entre 2004 y 2012 explicó que sus competencias respecto a las empresas en crisis "eran el trámite y resolución de los ERE a los que se veían sometidos distintas empresas y temas relacionados con la seguridad laboral de las empresas", precisando que "a nivel provincial la Delegación no tenía competencias para la resolución de estas ayudas", por lo que "lo que hacía era trasladar y poner en conocimiento de esto" a la Dirección de Trabajo en Sevilla, que "era la competente".

El exalto cargo dijo ante los agentes no recordar en cuántas solicitudes de ayuda intervino, aunque "eran pocas, podían ser unas ocho ayudas, muy pocas", añadiendo que si los solicitantes de las ayudas pedían entrevistas, "así lo hacía", ya que "entendía que era parte de su trabajo".

En relación con Graficromo, señaló que hubo un expediente de regulación "en relación con la extinción de líneas de trabajo de la crisis que atravesaba la empresa" y que se reunió con el comité de empresa y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, aunque su papel en estas reuniones "se limitaba a presentar tanto al comité de empresa como a los empresarios al director general y asistir a las conversaciones que se mantenían para ver la viabilidad de las empresas y determinar qué es lo que se podía hacer para que por parte de la Junta pudieran ayudarle".

RELACIÓN "PROFESIONAL" CON GUERRERO

Tras indicar que su relación con Guerrero "era profesional" y que se reunía con él "con motivos estrictamente profesionales", el exdelegado de Empleo en Córdoba admitió que mantuvo reuniones con Manuel Pimentel junto con los representantes del comité de empresa, precisando que en estos encuentros "ambos ya tenían definidas cuáles eran las posibles soluciones frente a la situación que se encontraban y que su papel se limitaba a presentar estos problemas y la solución ante el órgano superior, que era el director general de Trabajo".

Así, y sobre su intervención en Taller de Libros, explicó que "fue igual que con Graficromo", siendo su papel "presentar a la empresa que se encontraba en crisis ante el director de Trabajo e intentar que las partes encontraran una solución a la situación de crisis en la que se encontraba".

En este sentido, dejó claro que no requirió la presencia de Manuel Pimentel en la reunión que iba a mantener en Sevilla con el director de Trabajo Juan Márquez a colación de la solicitud de ayuda a Taller de Libros, ya que el imputado "no requería la presencia de nadie" y, como presidente del consejo de administración, Pimentel "tenía que asistir sin ningún tipo de requerimiento".

Cuestionado por los agentes sobre si no le resultaba extraño la ausencia de tramitación documental en todo el procedimiento de solicitud y concesión de ayudas sociolaborales, el imputado señaló que su Delegación "no era competente en la concesión de estas solicitudes, por eso no le pareció anormal la ausencia de tramitación documental".

"LEGALIDAD"

Para finalizar, manifestó que "el único interés que le ha guiado en estos asuntos es intentar resolver estas situaciones de crisis de los trabajadores, y que se solucionasen de una manera favorable para estos", añadiendo que desde la Dirección General "se actuaba en la legalidad en relación con estos hechos".

En el atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba analizan el procedimiento de solicitud y concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones de carácter excepcional por parte de la Junta tanto a la asociación de prejubilados como a la empresa Taller de Libros.

Respecto a Taller de Libros, la Guardia Civil pone de manifiesto que Manuel Pimentel fue presidente del consejo de administración y "se reunión con ocasión de la solicitud de ayudas para la empresa" con el exdelegado de Empleo en Córdoba y con el exdirector de Trabajo Juan Márquez.

PAPEL "INCONCRETO Y DIFUSO" DE PIMENTEL

Los agentes consideran que el papel desempeñado por Pimentel en la solicitud y consecución de ayudas "es inconcreto y difuso y parece que su presencia en la reunión en Sevilla" con Juan Márquez "fue por requerimiento de las partes que negociaban la solicitud y concesión de las ayudas, el comité de empresa y las autoridades laborales".

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 22 de junio de 2015 y consultada por Europa Press, Pimentel dijo que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa "no lograba resultados económicos favorables".

Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda "fue a una cuenta creada por los trabajadores", por lo que "cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales".

Los agentes dicen, además, que tanto Guerrero como Márquez podrían haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, ya que "concedieron de manera arbitraria y exenta de trámites administrativos la solicitud y concesión de las ayudas investigadas".