SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta ha reconocido que lo "ideal" sería que el Gobierno andaluz pudiera responder a todas las obligaciones de pago contraídas, no solo a los proveedores, en un plazo de 30 días y ha solicitado el Gobierno de la Nación buscar mecanismos para que las administraciones tengan liquidez.
De esta manera ha valorado el departamento de María Jesús Montero el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público remitido por el Consejo de Ministros al Congreso para su tramitación por procedimiento de urgencia, que contempla la posibilidad de que las administraciones y organismos dependientes puedan ver retenidos los recursos que reciben del Estado si su periodo medio de pago a los proveedores supera los 30 días máximos que fija la ley de morosidad.
Fuentes de la Consejería de Hacienda andaluza han resaltado que "lo deseable" sería que la Administración autonómico hiciera frente a los pagos a proveedores y de todos las obligaciones contraídas en 30 días, si bien, reconoce que esto no es posible debido a los problemas de liquidez que actualmente presentan las administración públicas.
"Lo ideal sería responder a todas las obligaciones contraídas, a los proveedores, a los empleados públicos con sus nóminas, a las ayudas de los ciudadanos,...; pero los problemas de liquidez actuales no permiten a hacer frente a todo a la vez y en el plazo de 30 días", han insistido.
Las citadas fuentes han solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy buscar entre todos mecanismos para facilitar liquidez a las administraciones, recordando en este línea la concesión a Andalucía de la cantidad solicitad con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "Hay que buscar entre todos los mecanismos para tener liquidez y afrontar todas las obligaciones", han afirmado, reiterando que "lo ideal" además sería en el plazo de 30 días.
El proyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público del Gobierno de la Nacional contempla que las administraciones públicas, que tendrán que publicar el período medio de sus pagos, dispondrán de un Plan de Tesorería que garantice que éstos se producen en un plazo no superior a 30 días. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará un seguimiento del cumplimiento de estos periodos.
El incumplimiento del período medio de pago pondrá en marcha un sistema automático y progresivo de medidas de control. Si el período medio de pago supera los 30 días, deberá incluir en la actualización de su Plan de Tesorería inmediatamente posterior el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir la mora a 30 días, así como el compromiso de adoptar medidas para generar la tesorería necesaria para cumplir con el plazo legal.
