SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 2017 asciende a 184,5 millones (+2,9%), con unas líneas principales de actuación basadas en fortalecer la lucha contra el fraude, a través de la Agencia Tributaria de Andalucía, y el Instituto Andaluz de Administración Pública, que crecen por encima de la media del departamento, con un incremento del 4,8 por ciento y el cinco por ciento, respectivamente.
Durante su intervención en comisión parlamentaria, la consejera del ramo, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de plantear "de manera transversal" la modernización de la gestión pública en la Junta. La devolución de derechos a los empleados públicos; facilitar la financiación a las empresas y en especial a las pymes andaluzas a través de la creación de la Agencia Financiera de la Junta; y avanzar en la racionalización del sector público instrumental así como en la eficiencia y transparencia en la gestión financiera constituyen algunas de las prioridades de la Consejería para 2017.
El presupuesto también incorpora medidas para continuar los mecanismos de control del gasto, especialmente en el ámbito de las subvenciones públicas. En materia de reintegro, se introducen normas para aclarar el plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar en el supuesto de las subveniones se abonen previa justificación. Asimismo, las operaciones financiadas con cargo a los fondos europeos 2014-2020 estarán acompañadas de un plan de control al efecto así como de auditorías en la gestión y control de los programas operativos.
Respecto a la actividad legislativa, la previsión es que entren en vigor los decretos de tesorería y tiempos máximo de pagos y, se apruebe una nueva ley de empleo público, un nuevo convenio colectivo para personal laboral, el anteproyecto de Ley de gobernanza que regulará el desempeño de los altos cargos, así como el decreto con la Oferta de Empleo Público de 2017, con 7.400 plazas.
GESTIÓN PÚBLICA
Montero ha avanzado que se lanzará la Estrategia para una Gestión Pública Innovadora en Andalucía, para el que se abrirá un proceso participativo hasta mayo, con el fin de que pueda aprobarla el Consejo de Gobierno en torno a septiembre de 2017.
Paralelamente, se implantará un sistema integral de evaluación de políticas públicas que permita comprobar los resultados de las iniciativas que se ponen en marcha, y se avanzará en un nuevo modelo de gestión de la calidad, "único para toda la Junta".
Otro de los factores de modernización será la adminitración electrónica, a través de la extensión de la factura electrónica a las agencias públicas empresariales y el impulso de los trámites y servicios telemáticos para el acceso a los servicios públicos.
Con el fin de mejorar en eficiencia, en el primer trimestre del 2017, se creará la Oficina andaluza de evaluación que analizará e informará, previamente a la licitación, de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y de servicios públicos. Por su parte, en el ámbito de la contratación, se incorporarán las cláusulas sociales y ambientales y se constituirá una comisión de seguimiento y control para verificar su aplicación.
FRAUDE FISCAL
Montero también ha destacado la importancia de continuar con la lucha contra el fraude fiscal en relación a los tributos que gestiona la comunidad autónoma y también del conjunto de los ingresos de derecho público, así como profundizar en la prevención accediendo a información relevante que permita la detección.
Para ello, se incrementará la dotación de personal en la Agencia Tributaria de Andalucía y se creará la Oficina para la prevención de la corrupción. La consejera ha destacado el esfuerzo realizado en el ámbito de la lucha contra el fraude, lo que ha propiciado ingresos adicionales de 247 millones en 2016, por lo que se incrementará la dotación presupuestaria en un 4,8 por ciento.
El presupuesto incorpora medidas para avanzar en la racionalización del sector público instrumental y para intensificar su control presupuestario. Montero también ha reafirmado su compromiso para facilitar financiación a las empresas y, en especial, a las pymes, y, tras la incorporación de observaciones en el trámite de audiencia del anteproyecto de ley del ente público de crédito, se procederá a crear la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía.
PARTIDOS
Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda Aranda ha considerado que estos presupuestos andaluces suponen "una magnífica oportunidad desperdiciada para Andalucía" por representar "una continuidad de las políticas socialistas, que no han tenido éxito".
"Andalucía diverge respecto a España y el último ejemplo son los datos de la EPA", ha subrayado, al tiempo que ha señalado que "si los andaluces no tienen la culpa, la culpa la tiene la dirección política socialista".
Miranda que ha advertido de "una teatralización" de "recorte del sistema público pararelo de administración", también ha reclamado que se provincialicen las inversiones del presupuesto, algo que, a su juicio, sólo necesita "voluntad politica y compromiso con la transparencia".
Por su parte, la diputada de Podemos María del Carmen Lizárraga ha señalado "la gran desconfianza" que les crea estos presupuestos, que parecen "un castillo de naipes que se peude desmoronar en cualquier momento". Tras criticar que la Junta no ha aprendido de errores pasados, ha criticado el esfuerzo de la Junta de Andalucía por evitar el diálogo con Podemos.
Lizárraga ha advertido de que el aumento de ingresos en las cuentas andaluzas proviene de ingresos financieros vía deuda pública y ha llamado la atención, en el apartado de gastos, al aumento del montante destinado al pago de la deuda.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Carlos Hernández White, ha valorado la negociación llevada a cabo por su grupo y el PSOE para "desbloquear" estos presupuestos y ha señalado la cuantía de los mismos que se lleva la deuda, punto en el que ha reconocido que el Fondo Liquidez Autonómica (FLA) se "lleva buena parte".
Ha hecho hincapié en la subida en las cuentas andaluzas de los recursos para educación, donde se incluyen montantes para FP, eliminación de caracolas, de amianto, la homologación la retribucion de profesionales de la concertada, nuevas plazas de educacion infantil o nuevos centros de educación especial.
En cuanto a la Consejería de Hacienda, ha hecho énfasis en la reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha llevado a Andalucía a que no se sitúe entre las comunidades con una mayor carga impositiva. También ha señalado el sector instrumental y ha pedido su revisión y reducción. "No es incompatible reducir impuestos y mejorar servicios", ha subrayado.
Por su parte, la diputada de IULV-CA Elena Cortés ha criticado que haya pasado sin profundizar en la economía sumergida y ha pedido control social de políticas públicas, además de la evaluación que lleva a cabo la propia administración.
Respecto a colaboración público-privada, ha señalado un informe de la Cámara de Cuentas que "habla de sobrecoste" de la misma y ha avisado de que se creerá lo de la banca pública "cuando la vea". En cuanto a fondos para municipios, que ha saludado, ha criticado el "incumplimiento" de la ley de financiación de corporaciones locales por la Patrica.
En cuanto a los presupuestos de la Junta en general, Cortés ha advertido de que "lo que más sube es el pago de la deuda". "Este presupuesto no es social, prioriza el pago de la deuda", ha subrayado. También ha criticado la "renuncia" de la Junta de bajar del millón de parados.
Por último, el diputado del PSOE Jesús María Ruiz García ha aplaudido los aumentos que se destinan a la Agencia Tributaria de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública y ha señalado la apuesta por la igualdad de género en las cuentas andaluzas.
