La imputación de Guerrero se reduce a la causa de los ERE de Mercasevilla

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La imputación del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero a manos de la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, se reduce aún a las nuevas diligencias incoadas por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por la sociedad mixta Mercasevilla. La juez, así, no atribuye todavía a Guerrero ningún otro aspecto, toda vez que la Junta de Andalucía ha elevado al juzgado 59 prejubilaciones falsas y 87 con alguna incidencia en 32 expedientes de regulación de empleo impulsados por numerosas empresas del ámbito andaluz.

El pasado 20 de enero de 2011, la juez había emitido un nuevo auto mediante el que incoaba estas nuevas diligencias en torno a los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, imputando en esta nueva causa a Guerrero, al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que fuera su director adjunto, Daniel Ponce, al exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y a los prejubilados del mercado central de abastos hispalense José Antonio R.M. y Antonio Garrido Santoyo.

GUERRERO Y LOS ERE

La abogada de Guerrero, Rosa Parra, ha informado a Europa Press, después de que el pasado viernes su cliente prestase declaración ante la Brigada Provincial de Policía Judicial, que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social está imputado exclusivamente en estas diligencias, pues "nada" le habría sido notificado en cuanto a otras diligencias. La Consejería de Empleo, como es sabido, ha elevado ya a la juez Mercedes Alaya los casos de 59 personas prejubiladas en ERE promovidos por empresas en las que nunca habían trabajado y las incidencias detectadas en otras 87 prejubilaciones, tratándose de 32 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas como el restaurante Río Grande, 'SOS Cuétara', 'Cash Lepe', Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans.

El papel de Francisco Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social es uno de los puntales de los que arranca la investigación emprendida por la Policía Judicial, a instancias de la juez Alaya, en cuanto a la posible "trama" de formalización de prejubilaciones fraudulentas. Y es que la Policía Judicial había puesto sus ojos en el "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo o reestructuración de empresas en crisis creado por Guerrero al desembarcar en el citado cargo.

LA INCENTIVACIÓN DE LOS ERE

Según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía, la última de las instituciones se convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos. Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Mediante esta fórmula, en concreto, habrían sido librados 647.869.157,45 euros para incentivar expedientes de regulación de empleo o ayudas a empresas en crisis, figurando entre las prejubilaciones de estos procedimientos personas que jamás habían trabajado en las empresas en cuestión.