SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha advertido de que queda "un largo camino por recorrer" hasta la materialización de la banca pública, un camino que "no está exento de obstáculos", por lo que la federación de izquierdas estará "vigilante" ante el cumplimiento de los acuerdos para que los trámites no sean "torpedeados" por la banca privada ni por el Banco de España, del que depende la concesión de la ficha bancaria.
En un artículo publicado en Mundo Obrero y consultado por Europa Press, el secretario de Comunicación de IULV-CA, Javier Moreno, ha explicado que queda por delante todavía la aprobación definitiva de la Ley y la obtención de la ficha bancaria, lo que se espera que suceda antes de concluir el año 2015.
"Por ahora, se ha plantado la semilla de una banca pública y se ha abierto el debate sobre la función social de la banca y las finanzas. Lo que queda por recorrer dependerá de la acumulación de fuerzas y de las alianzas que se puedan articular desde la izquierda", ha destacado el dirigente de izquierdas.
Asimismo, ha apuntado que desde el principio la elaboración del anteproyecto de Ley sobre la creación de ente de crédito andaluz no ha estado exenta de "tensiones", y no solo con el PSOE sino, sobre todo, con los representantes de la banca privada en Andalucía.
Moreno no cree "casual" que, a medida que iba avanzando la propuesta, el PSOE "haya intentado rebajar las expectativas de la iniciativa legislativa a la vez que lanzaba guiños de complicidad a los representantes de las entidades financieras, que solo estaban dispuestas a aceptar la creación de un ICO que no fuera más allá del modelo estatal".
PRINCIPIOS ÉTICOS DE GESTIÓN
Ha explicado que la nueva banca pública funcionará sobre principios éticos de gestión, por lo que tendrá la prohibición expresa de realizar políticas redistributivas o fiscales, así como realizar cualquier tipo de subsidiación de los tipos de interés u otras ayudas.
De manera complementaria, este instrumento contará con mecanismos para la gestión del riesgo que garanticen la solvencia de la entidad, limitando la concentración de riesgo por operaciones, clientes y sectores y fijando criterios de independencia, profesionalización y experiencia en el análisis del riesgo.
Finalmente, la entidad estará dirigida por una presidencia nombrada a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta y una comisión de control nombrada por el Parlamento, que contará con representantes de los agentes sociales, ambas instancias regidas por un estricto código ético de transparencia y participación y con una composición de contrastada independencia y profesionalidad.
