IULV-CA y Podemos instan en el Parlamento a la reversión pública de servicios educativos

SEVILLA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de IULV-CA y Podemos en el Parlamento de Andalucía han presentado una proposición no de ley (PNL) ante la Comisión de Educación en la que instan a la reversión pública, de manera directa, de los servicios educativos y complementarios externalizados.

Según reza el texto de la PNL, consultado por Europa Press, la extensión en Andalucía de los servicios complementarios educativos a un cada vez mayor número de centros docentes públicos ha supuesto un salto cualitativo importante, tanto en lo relativo al "notable" incremento de recursos económicos destinados a ello como por el nuevo papel que han pasado a desempeñar los centros educativos con relación a la sociedad en la cual se hallan insertos.

La dotación de recursos humanos y materiales se constituye en la Ley de Educación de Andalucía como "un elemento para el ejercicio de la autonomía de los centros docentes". No obstante, "la realidad es que llegan a los centros unos profesionales que, sin un vínculo laboral directo con ellos, sí prestan aquellos servicios que la propia ley atribuye al mentado personal empleado público".

La creación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para optimizar la gestión de las infraestructuras educativas y los servicios complementarios de la competencia de la comunidad autónoma, sufre una "quiebra" de su objetivo cuando las empresas "critican los bajos precios de las convocatorias de las licitaciones de servicio y el retraso en los cobros de la hoy Agencia Pública Andaluza de Educación".

Loa trabajadores de estos servicios denuncian los incumplimientos de los convenios colectivos de aplicación y posibles cesiones ilegales de trabajadores, dándose la queja en los centros sobre desconocimientos y desconciertos en la gestión de los servicios que prestan y una "carga añadida" de burocracia. La falta de auditorías externas que midan el grado de satisfacción con la forma de prestación de los servicios educativos complementarios es otro de los factores dentro del marco de una "creciente privatización".

"Estos procesos han puesto así en manos de empresas privadas parte de la gestión de la escuela pública, con la consiguiente pérdida de su control público y un importante deterioro en la calidad de su prestación, en el volumen del empleo y en las condiciones laborales".

MÁS DE 17.500 EMPLEOS EXTERNALIZADOS

Esta privatización, sostienen ambas formaciones abarca la gestión de centros de titularidad de la Consejería de Educación, así como actividades en los centros tanto dentro como fuera del aula, con un volumen de empleos que en el curso 2015-2016 alcanza la cifra de 17.516.

Por todo ello, IULV-CA y Podemos instan a elaborar un plan de actuación mediante el cual los servicios educativos y complementarios que actualmente se llevan a cabo a través de la contratación con empresas --mediante licitaciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación o de las delegaciones territoriales de Educación-- sean revertidos a la gestión pública de manera directa.

Este plan de actuación ha de aprobarse en el plazo máximo de seis meses y su aplicación ha de comprometerse y empezar a llevarse a cabo antes de la finalización de la presente legislatura.

La reversión de la gestión de estos servicios tiene que preservar y mantener la estabilidad en el empleo y los derechos laborales de los trabajadores que los vengan prestando, respetando los criterios de acceso al empleo público.

Asimismo, entretanto se procede a llevar a cabo o completar todo el proceso de reversión, se han de contemplar en todas aquellas licitaciones que se produzcan la subrogación de los colectivos laborales afectados por los concursos, la referencia al convenio o convenios colectivos de aplicación, la resolución de los contratos con las empresas en los supuestos de incumplimiento de los pliegos y la inclusión, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de una condición especial de ejecución en virtud de la cual se obligue a las empresas adjudicatarias a no minorar las condiciones de trabajo (jornada, salario y mejoras sobre legislación laboral básica) de los trabajadores adscritos al contrato en el que se incorpora la misma, en función del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta.