SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado que se abran nuevas diligencias previas separadas de los ERE para investigar una ayuda concedida por la Consejería de Empleo a Astilleros de Huelva en 2011 y otra serie de ayudas otorgadas por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y actual agencia IDEA.
En sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya pone de manifiesto que las "irregularidades" expuestas por el propio Ministerio Público "merecen" un análisis "pormenorizado" y "separado" de la presente causa "por si las mismas y la investigación que se inicie revelaren una actuación fraudulenta" de IDEA y de la Consejería de Empleo en la concesión de ayudas y avales.
En relación a IFA/IDEA, Anticorrupción pidió a la juez que abriera un procedimiento penal independiente sobre la "actuación aparentemente fraudulenta" de IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos".
En su petición, la Fiscalía hacía referencia a un oficio remitido por la Guardia Civil sobre la actuación del IFA/IDEA en el pago de ayudas a terceros y señalaba que esta actuación "puede presentar irregularidades que hayan desembocado en una merma para los fondos públicos de la Junta de Andalucía".
Asimismo, la Guardia Civil aludía en este oficio a la adopción por el IFA/IDEA de "numerosos acuerdos relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales de reestructuración y/o salvamento de empresas, así como concesión de incentivos, aplicando como instrumentos de apoyo las figuras de los préstamos, garantías de préstamo y avales ante entidades financieras".
También añadía el Instituto Armado que "algunas de las empresas beneficiarias de estas ayudas figuran también entre las beneficiarias de ayudas sociolaborales o de empresa dadas desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, pudiendo incluso coincidir en el tiempo".
"HECHOS DISTINTOS"
Por todo ello, Anticorrupción consideraba que "la investigación de las posibles irregularidades que puedan tener trascendencia penal derivadas del procedimiento seguido" por los responsables del IFA/IDEA "para la concesión, en el mismo periodo de tiempo que el aquí investigado, a empresas de Andalucía de ayudas bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de prestamos, deben ser, por su entidad y ser hechos distintos, objeto de procedimiento penal independiente".
Así, solicitaba la incoación de unas nuevas diligencias previas, "no sirviendo el hecho de que algunas de las empresas hayan sido también beneficiarias de ayudas dadas desde la Dirección General de Trabajo nexo de conexidad suficiente siquiera para formar una pieza separada en la presente causa", pues el eje de la investigación "debiera girar sobre la actuación aparentemente fraudulenta del IFA/IDEA en la concesión de las ayudas y no sobre las empresas favorecidas por ambos tipos de ayudas públicas".
La juez entiende que los datos aportados por la Guardia Civil "revelarían serias irregularidades", habiéndose "detectado casos en los que simultáneamente a la autorización por parte del Consejo Rector de IFA/IDEA del pago en ejecución de un aval de salvamento a favor de una serie de empresas, se encontraban en proceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a favor de estas mismas empresas", un hecho que "podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión".
SIN AUTORIZACIÓN POR LA COMISIÓN EUROPEA
A ello se suma, por ejemplo, que la Intervención General de la Junta puso de manifiesto en su informe de cumplimiento de 2009 que "se había detectado la concesión de ayudas sin tener en cuenta el requisito previo de autorización del régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea", así como "podrían haberse incumplido los requisitos de publicidad" establecidos.
"En definitiva, las irregularidades expuestas merecen un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelaren una actuación fraudulenta de IFA/IDEA en la concesión de tales ayudas", dice la juez, que acuerda que se incoen nuevas diligencias previas conforme a la norma 8.3 de reparto de los juzgados de Instrucción.
En un segundo auto, acepta la petición de la Fiscalía y acuerda abrir otra nueva causa para investigar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de noviembre de 2011, siendo presidente José Antonio Griñán, en el que se autorizó la concesión de una subvención de carácter excepcional a Astilleros de Huelva S.A..
ASTILLEROS
Hay que recordar que el PP-A también pidió a la juez que investigara la autorización por el Consejo de Gobierno de la concesión de esta subvención excepcional a Astilleros, pues entendía que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo".
Alaya razona que, "como bien expone el Ministerio Público, atendiendo a la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno --15 de noviembre de 2011--, esta subvención, en principio, no guarda vinculación alguna con el objeto de las presentes actuaciones, que vienen concretadas en investigar los pagos efectuados con cargos a los fondos públicos de la Junta" en virtud del convenio marco de 17 de julio de 2011".
Todo ello "con toda la amplitud y complejidad que una investigación de este tipo supone y que implica determinar la legalidad de los procedimientos aplicados para el otorgamiento de estas ayudas y el sistema utilizado para su materialización, abarcando además todos los organismos implicados y las personas responsables de los mismos, así como los beneficiarios últimos de estas ayudas".
Añade que la ayuda "merece un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelen una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo, pues aunque la misma fue concedida con cargo a la partida presupuestaria 31L, no se otorgó en aplicación de la orden de 1 de abril de 2011 por la que se aprobaban las bases para la concesión de ayudas sociolaborales distintas a trabajadores afectados por ERE en Andalucía".
Por este motivo, acuerda que se incoen diligencias previas nuevas, todo ello en un auto en el que incorpora lo relativo a la Faja Pirítica al sumario sobre los ERE.
