El juez del caso 'Unidad' exculpa a Castaño, Gómez Lobo y una empleada y procesa al resto

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga la posible duplicación de facturas de la federación provincial de asociaciones de vecinos 'Unidad' con cargo a subvenciones del Ayuntamiento hispalense y la Diputación provincial, ha ordenado finalmente el sobreseimiento de la causa para el exconcejal socialista Manuel Gómez Lobo, la extrabajadora de 'Unidad' Susana Delgado y el que fuera asesor del Grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, procesando por un posible delito de falsedad en documento oficial al resto de imputados.

El juez instructor, Manuel Ignacio Centeno, ha emitido un auto de procedimiento abreviado mediante el que, como ha avanzado 'Diario de Sevilla', ordena la transformación de las diligencias previas y procesa por un posible delito de falsedad en documento oficial a la expresidenta de 'Unidad' Ángeles Nevado, su esposo Ángel María Cervera, la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados, el administrador único de la copistería 'Copyur', Juan José G.V., y la empleada de esta misma empresa María del Carmen M.N. De otro lado, y según el documento recogido por Europa Press, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en cuanto al exconcejal socialista Gómez Lobo, Domingo Enrique Castaño y la extrabajadora de 'Unidad' Susana Delgado.

EL CASO 'UNIDAD'

El caso de las posibles facturas duplicadas de la federación provincial de organizaciones vecinales 'Unidad' estalló en 2006, ante las presuntas irregularidades detectadas en la justificación de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad cuando la presidía Ángeles Nevado, esposa del exasesor de Presidencia de la institución provincial Ángel María Cervera. Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por 'Unidad' por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación.

Sobre el papel de estas personas en los hechos, cabe recordar un informe elaborado por el ingeniero, economista forense y auditor censor jurado de cuentas Ignacio Barrio Hernández, sobre el "cotejo de documentación mercantil" para determinar si la empresa 'Copyur' había duplicado facturas elaboradas con destino a 'Unidad' y "si se han librado facturas falsas", además de la dilucidación de su uso o no para la justificación de subvenciones. En resumen, este informe recogido por Europa Press trataba de aclarar "si se han efectuado prácticas de libramiento de facturas de 'Copyur' con destino a 'Unidad', con el presumible fin de simular gastos que se habrían producido, a fin de justificar pagos acreditando un gasto subvencionado por el Ayuntamiento y la Diputación".

INFORME TÉCNICO

A tal efecto, la investigación de Barrio Hernández resolvía que, de las 18 facturas de 'Copyur' propuestas como posibles fraudes por el PP en su calidad de acusación y cuyo importe asciende a 25.714,41 euros, diez facturas "se han detectado como irregulares", mientras tres no figuran siquiera en la contabilidad de la empresa, concretamente las numeradas como 3746, 8700 y 5082, cuyo valor total supera los 2.180 euros. El perito, sobre estas tres facturas en cuestión, presume en su informe que "podrían haber sido facturas falsas", pues "no obedecen a una compra real, puesto que lo normal en una empresa es que todas las ventas se contabilicen". "En este caso no se han contabilizado, porque posiblemente no se han realizado realmente las ventas, pero sí se han librado las facturas presumiblemente falsas", señalaba este informe.

El pasado mes de noviembre, como se recordará, Ángeles Nevado, Josefa Prados, Juan José G.V., y María del Carmen M.N. prestaron declaración como imputados ante el juez instructor. María Ángeles Nevado, de hecho, alegó ante el juez que no dirigía la contabilidad de la entidad y que una trabajadora social, hermana además del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, le entregaba la documentación relativa a las cuentas para su firma. La empleada de la copistería 'Copyur' imputada en la causa, de su lado, reconocía "irregularidades", pero no ilegalidades, en el método de facturación.