Publicado 29/03/2019 15:30

La juez que instruye la causa de Peluquerías Low Cost ordena investigar una cuenta bancaria de la propietaria

Juzgados de Sevilla
EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, la magistrada Ana Escribano, ha ordenado investigar una cuenta bancaria cuyo titular es la Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost SL, propietaria de la marca y cadena de franquicias, en el que varios franquiciados transfirieron cantidades referentes a los contratos de las franquicias.

Según han indicado fuentes del caso a Europa Press, la magistrada ha decidido ordenar este procedimiento tras la presentación de un oficio de la Policía Nacional del pasado 11 de marzo en el que se recoge "varios correos electrónicos donde se indica que la franquiciadora ha cambiado de entidad bancaria y que las facturas vencidas y futuras se deben pagar mediante transferencia de manera provisional a otra cuenta bancaria hasta que esté habilitada para domiciliar pagos la nueva cuenta bancaria".

De esta manera, la juez de instrucción ha pedido conocer el saldo y los movimientos de esta cuenta bancaria en la que se hacían "los pagos provisionales" cuyo saldo total es de 44.732,45 euros.

Cabe recordar que la causa investiga un grupo de 35 personas, la mayoría franquiciados de las peluquerías Low Cost, quienes fueron detenidos en el marco de una operación llevada a cabo meses atrás por la Policía Nacional por haberse presuntamente beneficiado de falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de las Seguridad Social.

El pasado mes de diciembre, varios de los investigados aseguraron que ellos no decidían el tipo de contratos que hacían con los trabajadores, sino que era la Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost S.L., cuyo dueño, David Llera, fue agredido por esas fechas a la salida de los juzgados por un grupo de franquiciados.

Así, en la instrucción, algunos franquiciados admitieron que conocían que los contratos eran de formación y estaban bonificados, "no tenían poder decisión" sobre el modelo de contrato y hacían lo que le decían.

Las deudas frente a la Seguridad Social por las irregularidades de estos contratos de los franquiciados, que tenían que abonar 25.000 euros a la empresa para abrir los locales, oscilan entre los 40.000 y los 66.000 euros, perdiendo en algunos casos hasta su vivienda para poder hacer frente a las mismas.

Igualmente, varios investigados pusieron de manifiesto la ausencia de la formación recibida por los trabajadores a través de la empresa, cuya dueña era María del María Romero, investigada y presuntamente pareja de David Llera. Las subvenciones por formación obtenidas por la sociedad de Llera eran transferidas a la empresa de ésta para que impartiera la formación a los empleados de las peluquerías.

EMBARGO DE BIENES

Cabe apunta que la juez, tras tomar declaración a los principales acusados, los dueños de las empresas, acordó prohibir disponer a David Llera y María del Mar Romero de sus bienes así como de los bienes de sus sociedad, tras conocer un listado de los mismos facilitados por la Policía.

Entre éstos se encuentran, la vivienda de David Llera en Simón Verde --una urbanización en el Aljarafe sevillano--, una finca que tiene en Mairena del Aljarafe y los dos vehículos que están a su nombre, un Aston Martin y un Maserati. Por su parte, Romero no podrá disponer por ahora de una finca en Gines, otra en Estepona (Málaga) y un vehículo Ranger Rover.

En su declaración, Llera, según comentó a los medios David Andana, uno de los abogados de las defensas presente en las declaraciones, reconoció haber recibido 1,5 millones de euros de la Seguridad Social en concepto de subvenciones para formación y, aunque era un dinero destinado a los franquiciados, él lo gestionó para costear la formación de los trabajadores.

De otro lado, negó que mantuviera una relación con la investigada y dueña de la empresa de formación, a la que transfería todo el dinero de las subvenciones. Si bien, franquiciados y trabajadores han declarado ya en el marco de la investigación de que sí eran pareja.

Con todo, Llera apuntó que el hecho de formalizar contratos de formación con los trabajadores de las peluquerías era una decisión de los franquiciados, aunque él ofreciera esta posibilidad.