SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños ha dividido en nueve piezas la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la instructora que dividiera el caso en cinco grandes bloques.
En un auto fechado el 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada divide esta 'macrocausa' en nueve piezas, tres de las cuales versarán sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y a otras dos personas, mientras que cuatro de las piezas se centrarán en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.
De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.
En relación con la operación 'Barrado' en la que fueron detenidos nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo, la juez Alaya acusó a la Junta de crear una "red de clientelismo político", ya que desde la Consejería de Empleo se impartirían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo para que no se controlara el dinero destinado a la formación.
Hay que recordar que la juez Núñez, en un auto dictado el día 30 de julio, ya acordó dividir en piezas separadas el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, a lo que se había opuesto reiteradamente la anterior titular.
La instructora, después de recordar la petición que realizó Fiscalía el pasado 9 de septiembre solicitando la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de esta 'macrocausa' y exponer la jurisprudencia acumulada y consolidada que aconseja la división, analiza lo que establece la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, en vigor desde el pasado 6 de diciembre y según la cual "cada delito dará lugar a la formación de una única causa".
EVITAR LA CREACIÓN DE 'MACROCAUSAS'
Núñez precisa que, en su preámbulo, esta Ley señala que la novedad de la reforma consiste en establecer que "la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y siempre que con ello no se altere la competencia".
"Es decir, invierte el planteamiento inicial, si antes la regla general era el enjuiciamiento conjunto y la especial la separación, ahora la regla general es el enjuiciamiento separado, cada hecho en su causa, y sólo se acumulará cuando el juez lo considere conveniente y si ello no supone crear una 'macrocausa', salvo que suponga excesiva complejidad", con lo que "se pretende evitar el automatismo en la acumulación de causas y la creación de las denominadas 'macrocausas'".
La juez subraya que "no debemos olvidar cuál es la voluntad del legislador para el quehacer en estas causas, voluntad o postura que como hemos señalado mantiene nuestra jurisprudencia en orden a evitar la creación de las 'macrocausas' en un viciado ejercicio de acumulación para instrucción por simple analogía o relación entre sí que es, precisamente, lo ocurrido en las presentes diligencias".
EL ORIGEN DE LA CAUSA, EN LOS ERE
Al hilo de ello, y en la argumentación jurídica sobre la conveniencia de dividir en piezas, la juez pone de manifiesto que la causa de los cursos de formación tiene su origen en el caso ERE, y recuerda que tanto el entramado empresarial vinculado a José Sivianes, propietario de la entidad Formación Integral para el Empleo, como "el destino dado por UGT-A a parte de los fondos recibidos para formación", son investigados en diligencias separadas por otros juzgados.
"Es evidente que si por hechos similares otros grupos empresariales, sindicatos, están siendo investigados en diligencias separadas, incluso en otros órganos jurisdiccionales, la acumulación realizada en las presentes diligencias de hechos que podrían constituir falsedad documental y fraude de subvenciones articulado a través de un grupo empresarial vinculado a Ojeda" y a otras dos personas "es una acumulación no necesaria y cuya separación o desglose no divide continencia alguna, siendo susceptible de investigación y enjuiciamiento separado".
La juez, así, forma una primera pieza relativa al entramado empresarial vinculado a Ojeda, donde se investigará la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".
DELPHI Y OJEDA, EN UNA MISMA PIEZA
La juez acuerda que la investigación a este entramado empresarial no se separe de la relativa a Delphi al argumentar que la investigación realizada hasta el momento "viene poniendo de manifiesto que Delphi actúa junto con el entramado empresarial vinculado a Ojeda".
A su juicio, existen "indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
De igual modo, y sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los distintos consorcios creados por la Junta con diferentes entes locales --un total de 14 consorcios-- y el destino dado a estas subvenciones, la instructora indica que "hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales, Ciomijas y Formades".
Por ello, considera que la investigación de cada uno de los consorcios "debe realizarse de forma separada", acordando en este sentido la formación de cuatro piezas distintas relativas a Ciomijas, Formades, Forman y CTI, mientras que los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la Guardia Civil "darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento".
EL SAE
La octava pieza establecida por la juez es la relativa a la antigua Faffe, que "ha sido beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación", por lo que "la investigación de la concesión, tramitación y destino dado por esta entidad a dichos fondos ha de ser objeto de investigación en una diligencia independiente para agilizar la instrucción y el posible enjuiciamiento de conductas delictivas".
Por último, la novena pieza es la referida al SAE, por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación continuado de altos cargos, "sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año, con la detención de directores provinciales del SAE y jefes de servicio de Formación Profesional para el Empleo".
