cia" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha criticado este jueves que el Gobierno materializara ayer en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales que se celebró en Madrid la exclusión de casi 200.000 jóvenes parados andaluces de entre 25 y 30 años del denominado Sistema de Garantía Juvenil, un programa por el que España va a recibir de la Unión Europea un total de 1.800 millones de euros entre 2014 y 2015.
Según ha explicado a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento andaluz, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social "vuelve a gobernar de espaldas a los ciudadanos andaluces" y, en este caso, a los jóvenes de la comunidad, ya que no ha aceptado la petición de la Junta de ampliar los beneficiarios de este programa a los jóvenes de hasta 30 años.
"Andalucía ha propuesto que el colectivo fuera de 16 a 30 años, pero el Gobierno no ha estado de acuerdo y lo ha centrado en los jóvenes de 16 a 25, lo que deja a fuera a mil potenciales beneficiarios en España y a 200.000 en el caso de Andalucía", ha lamentado.
El consejero ha rechazado además el argumento esgrimido para ello por el Ministerio de que es "imperativo de la Unión Europea" porque, a su juicio, esto es sólo una "recomendación", no una obligación. De hecho, ha advertido de que la gran mayoría de programas tanto del Estado como de la Junta destinados jóvenes llega hasta los 30 años.
Ante ello, y dado que el colectivo de jóvenes es el "más castigado" por la crisis económica con una tasa de paro del 41,9 por ciento, Sánchez Maldonado ha avisado de que la Junta seguirá reclamando esta ampliación en la edad de los posibles al considerar que se trata de un colectivo "muy importante" tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.
El consejero también ha mostrado su desacuerdo con el reparto de los fondos del Sistema de Garantía Juvenil y ha censurado que el Ministerio sólo distribuya a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en las políticas activas de empleo, "el 50 por ciento" de los fondos, reservándose para el Estado el 50 por ciento restante.