SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno aprobó hoy la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2014, que contará con una inversión de 130,1 millones. Esta iniciativa da continuidad al anterior Plan General de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado desde 2004, aunque adaptando las medidas a plazos más cortos (mediante planes bienales) y a las necesidades de los sectores predominantes en cada territorio.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la nueva estrategia, que da respuesta a seis preceptos contenidos en el Estatuto de Autonomía, tiene como objetivos generales reducir de forma sostenida la siniestralidad y mejorar las condiciones de trabajo, e incluye entre sus novedades la incorporación de medidas individualizadas de prevención atendiendo a los riesgos propios de colectivos concretos, como el de las trabajadoras embarazadas. En la misma línea preventiva, se intensificará el trabajo de detección y reconocimiento de las enfermedades profesionales, principalmente las derivadas de la exposición a agentes químicos, las patologías musculoesqueléticas y las asociadas al ruido.
Fernández ha subrayado el carácter "estable, abierto y flexible" de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo primer desarrollo se concretará en un plan bienal para 2010-2011. Éste incluirá, entre otras novedades, el diseño de un programa de actuación sobre empresas con mayor incidencia de las enfermedades profesionales y la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para el control de los riesgos psicosociales.
Asimismo, está prevista la creación de un laboratorio-observatorio de condiciones de trabajo desde la perspectiva de género (que asumirá entre sus funciones el estudio de los riesgos para embarazadas) y el desarrollo de trabajos de investigación de la accidentalidad laboral a escala local, sobre la base de las principales actividades económicas de los municipios andaluces y con especial atención a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, donde es más difícil el control. Otra línea novedosa del plan bienal es la que se dirigirá a hacer frente al repunte de siniestros relacionados con tractores, mediante acciones formativas y de vigilancia y control.
Respecto a la estrategia en su conjunto, las medidas supondrán una ampliación de las desarrolladas desde 2004 y cuyo principal efecto ha sido una reducción del 30,68% en el número total de accidentes, del 43% en la mortalidad y del 33,38% en la tasa de incidencia (que relaciona la cifra de siniestros con la de trabajadores dados de alta). El consejero quiso dejar claro que la Junta no renuncia al objetivo de "siniestralidad mortal cero", al tiempo que señaló que cuando el actual presidente del PP-A, Javier Arenas, era ministro de Trabajo todos los "indicadores de siniestralidad tuvieron un crecimiento por encima del 40 por ciento".
Entre las 91 líneas de actuación programadas en la estrategia, con un presupuesto que prácticamente dobla los 65,8 millones de euros del plan anterior, siguen destacando la orientadas a ayudar a las empresas a mejorar el cumplimiento efectivo de la normativa de prevención de riesgos, fundamentalmente a través de incentivos económicos, acciones de asesoramiento directo (sobre todo en los ámbitos de las pymes y los autónomos), programas de renovación de equipos preventivos y planes de actuación específicos para las empresas con mayor siniestralidad y para las administraciones públicas. Junto con ello, se incluyen acciones para fortalecer la implicación de empresarios y trabajadores, a través de la negociación colectiva, y se introducen nuevos baremos para primar las buenas prácticas preventivas de las empresas en el acceso a la contratación pública.
Más allá del ámbito laboral y empresarial, el documento recoge también medidas para seguir impulsando el aprendizaje de hábitos de seguridad y salud en los niveles educativos iniciales (Primaria, Secundaria y Bachillerato), los programas de formación superior específica para técnicos o expertos en la materia (principalmente especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo) y los diseñados para empresarios, trabajadores en activo y desempleados.
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Junto con la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Consejo de Gobierno también aprobó un decreto para reforzar la figura de los delegados de prevención, que desde su creación en 1999 canaliza la representación y participación de los trabajadores para objetivos relacionados con la seguridad y la salud en aquellas empresas que cuentan con seis o más empleados.
Además de homogeneizar los registros de delegados, impulsar los censos provinciales y unificar modelos de inscripción, la nueva norma incorpora el diseño de acciones de formación y la creación de una tarjeta identificativa para estos representantes, según expuso Fernández.
Este documento permitirá, en opinión del consejero, otorgar una "mayor cobertura" al papel de los más de 25.000 delegados de prevención que existen en los comités de empresa de Andalucía. Esta tarjeta, de carácter personal e intransferible, tendrá validez durante todo el periodo de mandato, por lo que caducará a los cuatro años de su expedición.
Por lo que respecta a las acciones formativas, tendrán un mínimo de 50 horas y, aunque contarán con información específica sobre el sector concreto, incorporarán también contenidos comunes sobre normativa básica, riesgos ergonómicos, psicosociales, químicos o biológicos, y planes de emergencia y evacuación.
Asimismo, el decreto añade como nuevos sujetos de inscripción a los comités y a los comités intercentros de seguridad y salud (para las empresas de más de 50 empleados o con varios centros de trabajo, respectivamente).
Durante su intervención, el consejero de Empleo recalcó el valor del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales que precede a la nueva estrategia, y que, en sus palabras, ha supuesto un "hito" que ha logrado extender en Andalucía una "cultura preventiva". Así, recordó las distintas actuaciones que se han puesto en marcha de la mano de este plan, como campañas de sensibilización y acciones en centros escolares para promover la "concienciación social" ante los accidentes laborales, la creación de una línea de atención telefónica, la persecución de los siniestros a través de un convenio con la Fiscalía o la tarjeta profesional de la construcción.
Esto ha dado como resultado, según expuso, que en los últimos cinco años (2004-2009) los accidentes laborales se hayan reducido en la comunidad en un 30,68% y los accidentes mortales lo hayan hecho en un 43%. En lo que respecta al índice de incidencia, esto es, aquel que mide la siniestralidad en función de la población afiliada a la Seguridad Social en un momento concreto, ha experimentado una reducción del 33,38%.
Junto a las distintas acciones desarrolladas, Antonio Fernández subrayó también la labor de los inspectores de Trabajo, que en este periodo ha hecho posible que se hayan llevado a cabo casi 500.000 actuaciones en materia de seguridad laboral, se hayan levantado más de 31.000 actas de infracciones, se hayan impuesto más de 97 millones de euros en sanciones y se hayan ordenado más de 2.400 paralizaciones de centros de trabajo ante posibles situaciones de riesgo.
