SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha lamentado este sábado que el Partido Popular "aproveche" los autos judiciales para "proferir acusaciones falsas" contra el presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, así como ha recordado que la investigación en torno a la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, "no es contra el Gobierno andaluz".
Así lo ha resaltado el Ejecutivo andaluz en un comunicado después de conocerse este viernes que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el caso ha requerido a la Junta para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".
"La Junta de Andalucía no está siendo investigada ni pesa sobre ella ninguna acusación", aseveran, y es que, además de parte acusadora, la Junta es "la colaboradora principal" del Juzgado número 6 en la investigación del caso.
Además, recuerda que el Ejecutivo andaluz ha venido remitiendo al Juzgado número 6, y seguirá haciéndolo, "una profusa documentación en relación con el caso", de la que, aclara, "parte de ella se ha enviado a solicitud del Juzgado y parte a iniciativa de la propia Administración autonómica, como fue el caso de la relación de 'intrusos' en las prejubilaciones, el listado de empresas con subvenciones con cargo a la partida 31.L, o sobre la presunta trama de empresas vinculadas entre sí, que la Junta ha investigado y puesto en conocimiento del Juzgado sus conclusiones iniciales".
Así las cosas, la Junta continuará atendiendo "con la máxima diligencia" las nuevas peticiones de documentación e información del Juzgado, "que en modo alguno se dirigen contra la Administración autonómica, sino contra quienes hayan podido aprovecharse o hacer un mal uso de fondos públicos, objetivo que el Gobierno de José Antonio Griñán comparte con el Juzgado".
Entretanto, "la complejidad de la investigación y el rigor con el que viene actuando la Junta impide reacciones inmediatas a la prensa sobre la información que demanda el Juzgado", algo que, lamenta, "permite que el Partido Popular se aproveche de los autos para sembrar dudas o proferir graves acusaciones falsas contra el presidente José Antonio Griñán que carecen de base y que son una absoluta manipulación, como ya se ha comprobado en reiteradas ocasiones".
En este sentido, señala en la nota que la Administración autonómica comparte con el Juzgado "la preocupación por los perjuicios que se puedan derivar para empresas y personas honestas por el uso torticero e imprudente que se haga de cualquier resolución judicial", puesto que, según critica, "determinadas informaciones o interpretaciones malintencionadas de los autos con el fin de sembrar sombras de sospecha sobre la gestión de la Junta de Andalucía, que consiguen un gran eco mediático, hacen daño a muchas personas y empresas que aparecen en documentos remitidos al Juzgado o en resoluciones judiciales sin estar implicadas en ningún asunto irregular".
En lo que al último auto emitido por la juez Alaya respecta, el Gobierno andaluz insiste en que la línea principal de investigación "aparece circunscrita a la Dirección General de Empleo y a un conjunto de empresas vinculadas entre sí", lo que indica, según expresa, "que no estamos ante un fraude generalizado, como algunos sostienen sin fundamento, sino ante un fraude con nombre y apellidos, que en modo alguno cuestiona el conjunto de ayudas a empresas o trabajadores realizados por la Junta de Andalucía".
Al hilo de ello, aclara que el hecho de que el Juzgado pregunte al Ejecutivo andaluz si las empresas de la presunta trama en cuestión han recibido ayudas de otras Consejerías "no supone que las Consejerías estén siendo investigadas, si no que se quiere conocer si las empresas en cuestión se aprovecharon supuestamente de otras ayudas de la Junta".
Por último, y en cuanto a los procedimientos de concesión de ayudas, la Junta de Andalucía defiende que "el fraude que pudiera haberse cometido no se deriva de los procedimientos administrativos utilizados para ello, sino de la voluntad de defraudar de determinadas personas, y tiene plena confianza en que los Tribunales llegarán a la misma conclusión".
