Junta y FAMP acuerdan combatir los desahucios en Andalucía a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

Elena Cortes Y Francisco Toscano Firman El Acuerdo, Hoy En Sevilla.
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 19 septiembre 2012 17:11

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración para la adhesión de la Federación al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento en el que trabaja este departamento de la Junta para combatir los desahucios en Andalucía.

La adhesión de la FAMP a dicho plan supone un "apoyo decisivo en defensa de la vivienda y en la lucha contra esta emergencia social", ha indicado Cortés, quien ha reconocido la "enorme importancia" que supone el respaldo de la FAMP "para que podamos garantizar los mejores resultados" del Programa.

Tras la firma, la consejera ha recordado que este instrumento en defensa de la vivienda conlleva la apertura de ocho oficinas provinciales, que prestarán un servicio público y gratuito de prevención e intermediación para evitar los desahucios y, en caso de iniciarse, ofrecer soluciones a las familias afectadas por este problema. Para el desarrollo de este trabajo, la consejera ha reconocido que los ayuntamientos "son una institución clave, la más próxima al ciudadano", ya que las corporaciones locales "conocen de primera mano la situación de las familias y permiten actuar con mayor celeridad".

La consejera ha insistido en el carácter participativo de esta herramienta, que, como a la FAMP, "ya ha sido presentada a otras entidades y colectivos sociales", cuyas aportaciones se tendrán en cuenta a la hora de activar las oficinas, "ya que el objetivo es que la administración esté al servicio de las víctimas de la crisis". "La FAMP ha demostrado una gran sensibilidad social y una total implicación en el Programa desde que se lo presentamos", ha dicho la titular de Fomento y Vivienda.

"El diálogo con los colectivos y entidades sociales de lucha contra los desahucios se ve hoy complementado con este novedoso marco de colaboración institucional", ha dicho la consejera, quien se ha mostrado convencida de que el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda obtendrá un "amplio respaldo".

Por su parte, el presidente de la FAMP ha subrayado "la importancia de la intermediación entre las entidades financieras y los particulares por parte de las instituciones para evitar los desahucios". "Debemos estar cerca de los problemas de los ciudadanos", ha añadido.

El Programa arranca con la creación de una red andaluza de oficinas de atención ciudadana, compuestas por un equipo cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que contarán con el apoyo directivo de un equipo de personal de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. La red de oficinas ofrecerá un servicio público y gratuito en materia de prevención, mediación y protección de las víctimas de los desahucios.

En la fase de prevención, la Consejería de Fomento y Vivienda en colaboración con el departamento de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Instituciones, se centrará en tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca.

Con respecto a las funciones de intermediación frente a las entidades financieras, se acompañará a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. La red de oficinas garantizará, además, la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.

De acuerdo con el convenio que se ha firmado este miércoles, una Comisión de Seguimiento, compuesta por representantes de la Consejería y de la FAMP, se encargará de velar por el cumplimiento del acuerdo. Este órgano se reunirá cuantas veces se considere necesaria para el cumplimiento eficaz de sus competencias.