SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha informado a la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, de que ha abierto "diligencias previas" para dirimir la posible existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública que pudieran resultar de los expedientes subvencionables vinculados a la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
Inicialmente, y por medio de un auto dictado el 4 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada reclamó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a petición de la acusación que ejerce UPyD, que informara "sobre el estado de los expedientes de reintegro abiertos contra la Faffe y, en su caso, si alguno de los expedientes de reintegro ha sido archivado por 'confusión de derechos'".
Y ello porque, "habiéndose extinguido la Faffe y habiéndose procedido a su posterior integración en el Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Consejería de Educación, concurrirían, en los expedientes de reintegro por falta de justificación de las ayudas para formación concedidas a la referida Faffe, la condición de deudor y acreedor en la misma persona".
Tras ello, y con fecha 13 de marzo de 2015, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación entregó un informe a la juez en el que señalaba que, "efectivamente, en el supuesto que nos ocupa y como consecuencia de la extinción de la personalidad de Faffe y la correlativa subrogación del SAE, como agencia administrativa, en su posición jurídica, derechos y obligaciones, se ha producido una extinción por confusión del derecho a exigir la efectividad del reintegro al coincidir en el SAE la posición jurídica de concedente de la subvención y beneficiario".
No obstante, anunció que "se están iniciando diligencias previas para dirimir la posible existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y depurar posibles responsabilidades administrativas y contables que puedan resultar" de dichos expedientes subvencionables.
De esta manera, y por parte de la Intervención General, se ha dirigido una instrucción a todos los interventores en la que literalmente se indica que "para la fiscalización de conformidad de dichas propuestas, deberán acreditarse por el órgano gestor que se han tramitado las diligencias previas para la determinación de las responsabilidades por los daños y perjuicios causados y que de las mismas se han dado traslado a persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública".
El mismo 13 de marzo, la juez dictó un segundo auto en el que daba un plazo de cinco días a la Junta para que haga entrega de una copia de dichas diligencias previas abiertas "con ocasión de la extinción por confusión de derechos de los expedientes de reintegros de la extinta Faffe".
