SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha querido dejar claro este martes, al hilo de la reforma tributaria que ha aprobado el Consejo de Ministros, que no aceptará una mayor autonomía fiscal si no va acompañada de un nuevo modelo de financiación que garantice los recursos mínimos para los servicios públicos que prestan las administraciones autonómicas.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha presentado ante la reunión del Consejo de Gobierno un informe sobre las repercusiones de esa reforma tributaria, ha manifestado que si no se cuenta con ese nuevo modelo de financiación que garantice unos recursos mínimos para los servicios públicos esenciales, se producirá un perjuicio para la comunidad, que tendría que incrementar la presión impositiva para recaudar lo mismo que regiones con más renta.
Ha insistido en que mientras no haya un nuevo modelo de financiación y no se garanticen los recursos mínimos para financiar los servicios públicos, la Junta no va a estar de acuerdo con una mayor autonomía fiscal ni en materia de impuestos medioambientales ni en ninguna otra materia tributaria.
Este será uno de los asuntos que Andalucía lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará (CPFF) el jueves en Madrid, lamentado que el Gobierno central no haya incluido en el orden del día ningún punto sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
María Jesús Montero ha confiado en que no sea una realidad lo que se ha apuntado en forma de "globo sonda" de que el Gobierno central se haya reservado para sí la bajada de impuestos, pero que está dispuesto a que las comunidades autónomas, a través de los impuestos medioambientales, provoquen una subida de impuestos.
"Estas no son las reglas de juego y el Gobierno de España no puede jugar el papel de bajar él los impuestos y, conocedor de que las comunidades van a recibir menos ingresos, darles la patata caliente de que sean ellas las que suban los impuestos de cara al programa de estabilidad planteado ante Bruselas", ha indicado la consejera.
María Jesús Montero ha recalcado que el Gobierno andaluz no tiene en la agenda ninguna previsión de subida de impuestos y que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido clara "hasta la saciedad" en este sentido.
La consejera andaluza ha criticado que el Gobierno central haya puesto sobre la mesa una reforma tributaria sin haber consultado antes con las comunidades autónomas, que es muy limitada, y que conllevará unos ingresos públicos aún menores, mientras "penalizará la actividad económica y el empleo" en Andalucía.
En este sentido, ha alertado de que la merma de ingresos podría conllevar más recortes en los gastos para cumplir los objetivos de déficit impuestos a las comunidades autónomas.
María Jesús Montero ha criticado la pérdida de progresividad en el sistema fiscal, al recortar sobre todo impuestos a las grandes empresas y a los contribuyentes de rentas elevadas. De igual modo, ha destacado que la reforma no avanza en la simplificación de la legislación impositiva, retrocede en la dualidad de la tributación de las rentas del capital y las rentas del trabajo y no aborda el problema del fraude fiscal, cuyo impacto estimado en el conjunto del Estado se acerca a los 90.000 millones de euros.
Ha alertado de que habrá "ganadores y perdedores", puesto que no hay una bajada generalizada de impuestos como defiende el Gobierno central, sino un beneficio para las grandes empresas, que tendrán una bajada del 30 al 25 por ciento en el impuesto de sociedades, y las rentas altas, ya que desaparece la progresividad del IRPF para ingresos superiores a 60.000 euros.
"Una de las conclusiones de esta reforma es que las clases medias pagarán la rebaja a las rentas altas", ha declarado Montero. Entre las medidas que perjudican a las clases medias, la titular de Hacienda ha destacado la tributación de las indemnizaciones por despido improcedente a partir de los 2.000 euros por año trabajado, la supresión de deducciones por alquiler de viviendas y la eliminación de la exención por los primeros 1.500 euros por dividendos, que favorecía especialmente a los pequeños ahorradores.
A juicio de la consejera, las clases medias y trabajadoras pierden tanto por la vía directa (la bajada es testimonial en relación con lo que se reduce a las grandes empresas y las rentas altas) como por la indirecta (la reforma conlleva un debilitamiento estructural de los servicios públicos y las políticas de igualdad de oportunidades).
Por todo ello, María Jesús Montero ha valorado negativamente el anteproyecto de reforma y ha avanzado que así lo trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves. En este órgano, el Gobierno andaluz mostrará su rechazo a una propuesta que no ataja el fraude ni obtiene los recursos necesarios para sostener los servicios públicos ni compensa las subidas de impuestos acumuladas por el Ejecutivo central, cuyo coste medio para las familias es de alrededor de 950 euros anuales, frente a la media de 250 euros que aportará la reforma a cada contribuyente.
PRESUPUESTO ANDALUZ PARA 2015
De otro lado, Montero, que ha sido preguntada sobre el presupuesto de la comunidad para 2015 y si está reforma fiscal incide en algunas de las previsiones, ha señalado que hasta que la Junta no conozca las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para esta comunidad --de las que básicamente se nutre la financiación autonómica-- no se sabrá con qué presupuesto de ingresos real se va a contar de cara al próximo ejercicio.
Ha aprovechado para recordar que la evolución económica de Andalucía aporta menos al conjunto del presupuesto que las entregas a cuenta que vienen por parte del Gobierno español, porque las comunidades se nutren básicamente de los PGE. Ha insistido en que no se va a poder aclarar por ahora ninguna cuestión que tenga que ver con cómo se va a comportar el presupuesto de ingresos de la comunidad para el próximo año, apuntando que la voluntad de la Junta es que sea "expansivo" y que se mantiene el compromiso de recuperar el complemento adicional de las pagas extras de los empleados públicos.
La consejera ha mostrado, no obstante, su preocupación por que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, haya adelanto que las entregas a cuenta para 2015 estarán "en línea" con las de este año. Ha indicado que no entiende qué ha querido decir el secretario de Estado, cuando se está hablando de que el Gobierno central tenía un "incremento en la recaudación".
Se ha preguntado si esas manifestaciones de Beteta quieren decir que ese incremento no se va a trasladar ni siquiera en 2015 a las comunidades, vía modelo de financiación, o que el Estado se reserva un "premio fiscal para las grandes empresas y rentas altas", mientras impide que las regiones tengan un presupuesto expansivo para recuperar derechos, estimular la economía o combatir el desempleo. Ha confiado en que finalmente las entregas a cuenta vengan "sustancialmente aumentadas".
