La Junta otorga ayudas para 1.546 viviendas merced a la Orden de 2015

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha concedido hasta la fecha, al amparo de la Orden de 28 de abril de 2015, de rehabilitación edificatoria, ayudas para un total de 1.546 viviendas en el conjunto de Andalucía en las que se realizarán obras de mejora y accesibilidad en los edificios, que en el 90 por ciento de los casos van a corresponder a actuaciones que contemplan instalación de ascensores.

Así lo ha detallado este miércoles en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en una comparecencia para informar sobre la gestión y tramitación de dicha orden requerida por el PSOE-A y el PP-A, y que se ha abordado mediante un debate conjunto con los cinco grupos representados en la Cámara.

El consejero ha explicado que esta orden forma parte del desarrollo del plan estatal que el Consejo de Ministros autorizó a poner en marcha en 2013, y en virtud del cual la Junta firmó un convenio con el Estado en septiembre de 2014.

Ha indicado además que Andalucía modificó el nivel de renta que se exigía por parte del Gobierno central para acogerse a estas ayudas, ya que, frente al establecimiento inicial de que "al menos el 60 por ciento de los propietarios de vivienda que pudieran acogerse al programa tuviesen niveles de rentas no superiores a 6,5 veces el Iprem, Andalucía planteó que al menos el 50 por ciento de los propietarios tuvieran niveles de renta no superiores a 2,5 veces el Iprem", para "favorecer así a los grupos de población con rentas más débiles".

López ha detallado que las ayudas contempladas en esta orden, con un presupuesto previsto de 13,6 millones de euros, están "encaminadas a actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas como la instalación de ascensores o la colocación de rampas de acceso".

Ha concretado que inicialmente se presentaron 1.200 solicitudes en el conjunto de Andalucía, de las que se admitieron primeramente un total de 224, a las que se añadieron 635 más que fueron completadas, lo que elevó a 859 las solicitudes a las que se les requirió la información exigida por el plan estatal, entre la que figuraba un "informe de evaluación del edificio, que debía tener fecha anterior a la presentación de la solicitud".

A fecha de 28 de octubre de 2015 se publicó un listado de beneficiarios provisionales, un total de 333 para el conjunto de Andalucía, a quienes se les dio de plazo primero a mediados de noviembre y luego hasta el 15 de marzo de 2016 para presentar la documentación.

El consejero ha indicado que en el marco de esa tramitación se ha producido "una importante reducción de las ayudas resueltas respecto a las inicialmente previstas debido a que son muchas las comunidades que no han aportado la documentación exigida".

De esta manera, como resultado de la tramitación de los expedientes, el 87 por ciento de las solicitudes ha quedado fuera del proceso, bien por desistir de la ayuda o por no cumplir los requisitos, según ha concretado López, quien ha indicado que "en estos momentos se está procediendo al pago de las ayudas correspondientes a la primera anualidad en las comunidades de vecinos donde se han iniciado ya las obras".

EN CONCURRENCIA COMPETITIVA

El titular de Fomento ha llamado la atención sobre el hecho de que el Ministerio del ramo "exija que la convocatoria se realice en régimen de concurrencia competitiva" en vez de en el de concurrencia no competitiva, algo que hubiera permitido "atender por orden de presentación las ayudas que cumplieran los requisitos y agotar el crédito disponible", según ha indicado.

Así las cosas, López ha concluido mostrando su confianza en que "aquellas comunidades que no han podido beneficiarse de las ayudas por no haber presentar la documentación requerida en tiempo y forma" vuelvan a intentarlo al amparo de la Orden de 2016, que "está en fase de información pública", cuenta con "un montante de inversión de 16,3 millones de euros y va destinada a unidades familiares cuyos ingresos estén por debajo de 3,5 veces el Iprem".

Por lo demás, el consejero ha defendido que "la política de rehabilitación ha sido y sigue siendo una de las apuestas más importantes de la Administración andaluza", que ha permitido que se haya reducido hasta "el 7,8 por ciento del total" el conjunto del parque de viviendas de Andalucía que se encuentra en peor estado, 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

Tras la primera intervención del consejero ha llegado el turno de los representantes de los distintos grupos parlamentarios. Por parte del PP-A ha subido a la tribuna la diputada Alicia Martínez, que ha preguntado al consejero "por qué no se ha utilizado todo el dinero disponible del convenio" con el Gobierno central, así como le ha reprochado que no haya llevado "todavía al Consejo de Gobierno" el nuevo Plan de Vivienda para Andalucía, donde "desde 2012 no existe" uno.

Martínez ha defendido la "gran carga social" de la convocatoria de ayudas derivada de la orden del Gobierno, que viene a atender a esas personas que se ven "atrapadas en sus viviendas" por no disponer de ascensor en las mismas, si bien ha advertido de que la "convocatoria actual" por parte de la Junta es "un fraude", porque "han cambiado las reglas del juego, y han sacado poco presupuesto" precisamente por la inexistencia de un plan andaluz que le impide "complementar las ayudas del Gobierno central", algo que ha criticado porque "es la vida diaria de los vecinos lo que está en juego" en esta materia, según ha enfatizado.

El diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha llamado la atención sobre el hecho de que el Parlamento trate esta orden "17 meses después" de la firma del convenio entre el Gobierno central y la Junta, al tiempo que ha incidido en que Andalucía "no tiene un plan de vivienda vigente", al hilo de lo que ha pedido al consejero que aproveche su comparecencia para que informe de la aplicación del Plan de Vivienda y Rehabilitación, así como a que "convoque ya la Orden para la línea de ayudas de 2016".

En representación de Ciudadanos (C's) ha intervenido la diputada Marta Escrivá, que, en relación a la citada orden objeto de la comparecencia, ha mencionado algunos problemas como que, según le han trasladado "varias asociaciones de vecinos, no se ha difundido correctamente por los medios de comunicación", y la diferencia entre el número de solicitudes recibidas y las ayudas concedidas finalmente, "solo una en la provincia de Jaén", según ha alertado, de modo que "la mayoría son desestimadas por la falta de documentación" requerida, según ha indicado la representante de la formación naranja, que ha concluido abogando por que la Junta utilice "todo el presupuesto disponible".

Por parte de IULV-CA, la parlamentaria Inmaculada Nieto ha coincidido con el consejero en "la importancia de intervenir sobre lo ya construido" y en "garantizar la accesibilidad" en las viviendas a sus moradores, si bien ha criticado actuaciones pasadas de la Junta en los años siguientes al estallido de la crisis económica, en torno a 2008, y después, unos "meses antes" de las elecciones locales de 2015, generando "expectativas" entre comunidades de propietarios y familias con "necesidades imperiosas" pese a saber que "cada vez era más difícil darles satisfacción" por las limitaciones presupuestarias, algo que "no es razonable ni serio", según ha advertido.

Finalmente, la diputada del PSOE-A Manuela Serrano ha defendido la actuación del Gobierno andaluz en materia de rehabilitación de viviendas, en la que "los socialistas creemos", según ha subrayado, "también como segmento de la construcción que genera tres veces más empleo que el de la vivienda nueva".