La Junta reclama la exención del pago del IBI para el parque público de viviendas de todas las administraciones

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda reclama la exención o la bonificación del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el parque público residencial de todas las administraciones, una medida de carácter social que tendrá una incidencia directa sobre las familias que viven en él, según se ha puesto de manifiesto en el marco de las jornadas técnicas que ha organizado en Sevilla la Consejería para analizar la situación actual y los retos a los que se enfrenta el parque público de Andalucía.

Según indica la Consejería en una nota, el encuentro, presidido por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, la directora general de Rehabilitación y Arquitectura, Gaia Redaelli, y el director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Fernando Herrera, ha reunido a más de medio centenar de técnicos pertenecientes a la Consejería, que han contribuido a la aportación de alternativas en la gestión del parque público.

A juicio de Meyer, "hay que avanzar hacia un nuevo modelo que recoja un enfoque multidisciplinar integral, de modo que incluya la labor administrativa, la reparación y mantenimiento de los edificios y el trabajo de integración social y ciudadana de los vecinos que residen en estas promociones", con el objetivo de lograr una normalización de estas barriadas en las ciudades en las que se ubican.

La secretaria general Amanda Meyer también ha apostado por incluir la gestión de las viviendas sociales en los futuros planes de vivienda, algo que hasta ahora no se producía. En ese sentido, ha asegurado que "en la elaboración del futuro Plan Concertado de Vivienda y Suelo ya se está trabajando para que este capítulo importante tenga su reconocimiento y su financiación".

Además de la futura planificación autonómica en la materia, Meyer también se ha referido a la del Estado, recogida en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). En este sentido, ha denunciado "los graves efectos que tendrá la escasa inversión que se prevé en materia de vivienda, que ha dejado de ser una prioridad".

En el encuentro también se ha debatido sobre la necesidad de llevar a cabo una reordenación de la normativa que rige el funcionamiento y gestión de las viviendas sociales, independientemente de cual sea su titularidad, con el fin de que desde todas las administraciones se pueda aplicar un único tratamiento.

La Consejería de Fomento y Vivienda gestiona en la actualidad más de 80.000 viviendas públicas, con una población residente de 240.000 personas aproximadamente. Con esta tipología residencial la Administración responde a su responsabilidad social de dar soluciones de alojamiento a aquellos sectores de la población que se caracterizan por unas condiciones socioeconómicas más desfavorables.

El patrimonio residencial de viviendas sociales en Andalucía se caracteriza por su heterogeneidad si se atiende al origen de las promociones, a las características físicas y al grado de conservación de los inmuebles.

Por ese motivo, la Consejería en los últimos años ha procedido de forma progresiva a unificar la gestión, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), con el fin de acabar con esta complejidad y aplicar criterios más ágiles y uniformes.