Serrano recuerda que aún no ha salido la resolución y apunta a la conveniencia de "respetar los tiempos"
SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha reivindicado la actuación "clara" y "transparente" de la administración andaluza respecto al proyecto de almacén de Gas Natural en el espacio natural de Doñana.
Después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, haya tildado de "sospechosa" la emisión de un dictamen desfavorable, ya que al respecto la Junta "no presentó alegaciones" en su momento, Serrano ha indicado a Europa Press que, a su juicio, Sanz debería, "antes de acusar e insultar de esa manera, documentarse y acudir a los archivos del Ministerio".
Ello, ha abundado, le permitiría ver cómo la Junta ha acudido en hasta cuatro ocasiones al Gobierno por este motivo, además de las reuniones mantenidas por la propia consejera y el viceconsejero con la Secretaría de Estadio de Medio Ambiente e incluso con la actual ministra, Isabel García Tejerina, y su predecesor, Miguel Arias Cañete, o la apertura de un 'pilot' por parte de la Unión Europea al entender el procedimiento suspendido.
Asimismo, la dirección del espacio natural ha alertado de "claras incompatibilidades" con la realidad de Doñana del subproyecto de Marismas Oriental, así como también lo ha hecho el Consejo de Participación de Doñana.
"Lleva poco tiempo, y entiendo que no habrá podido estudiar en profundidad los temas fundamentales para el Gobierno de Andalucía y acudir a los archivos", ha ironizado Serrano.
Por ello, la consejera ha pedido a Sanz que "se documente"; de García Tejerina ha dicho que "le interesa bastante menos el medio ambiente que la agricultura, pero la protección de un parque natural tan emblemático como Doñana es un tema importante y sensible".
Asimismo, la titular autonómica ha recordado que por ahora solo se ha emitido un dictamen, no una resolución, recalcando la conveniencia de "respetar los tiempos y tratar de cumplir con el procedimiento administrativo", ya que actualmente lo que está en vigor es el periodo de alegaciones.
"Lo sospechoso es que el delegado del Gobierno en Andalucía se ponga del lado de una empresa, sin conocer la realidad del expediente", ha apostillado, apuntando al interés de Europa y la Unesco en el asunto y a la "obligación moral" de proteger este entorno.
