Carmen Martínez Aguayo
EUROPA PRESS/PARLAMENTO/ARCHIVO
Actualizado: jueves, 21 julio 2011 19:24

Aguayo garantiza que los ajustes que se hagan no los van a soportar las prestaciones sociales

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado este jueves ante el Pleno del Parlamento, en una comparecencia para informar de la posición andaluza ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que Andalucía trabajará en una regla de gasto común que respete la autonomía financiera y la competencia de la Cámara autonómica en la aprobación anual de sus cuentas.

"Una regla que refuerce la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo y, simultáneamente permita impulsar el crecimiento económico y la generación del empleo y una regla que sea compatible con el objetivo de estabilidad fijado para la comunidad autónoma y favorezca su cumplimiento en un marco de coordinación con la hacienda estatal", según ha indicado.

Ha recordado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya anunció que Andalucía iba a contribuir a la confianza general en la consolidación fiscal con la aprobación anual de un techo de gasto que sería aprobado por esta Cámara. Ha querido dejar claro además que los presupuestos andaluces "no han quitado" ni un euro en políticas sociales, a diferencia de lo que se ha hecho en otras comunidades. "Los ajustes que se están haciendo en esta comunidad no lo están soportando las prestaciones sociales", ha sentenciado.

Martínez Aguayo ha querido dejar claro que la Junta de Andalucía mantiene un compromiso firme, decidido y demostrado con la estabilidad presupuestaria. Ha apuntando que no va a ser diferente a partir de ahora, aunque ha dicho que "la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal no son un fin en sí mismas".

En relación con el objetivo de estabilidad, ha señalado que en el pasado pleno ordinario del CPFF se fijó el objetivo conjunto de las comunidades para los ejercicios 2012 a 2014, un acuerdo que implicaba la necesidad de presentar un plan económico-financiero para optar a alcanzar el límite máximo de déficit. Así ha adelantado que, tal y como se hizo en 2010 y 2011, se ha comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda la intención de actualizar en 2012 el plan económico-financiero con el fin de acceder, al menos, a ese límite.

La titular de Hacienda ha recordado que el compromiso que Andalucía ha mantenido con la sostenibilidad financiera y con la estabilidad presupuestaria, "está fuera de toda duda", y que durante los años de fuerte crecimiento económico, en la década comprendida entre 1997 y 2007, Andalucía fue la región que más redujo su nivel de endeudamiento sobre el PIB, en concreto, 4,2 puntos, por una media de 1,1 puntos. Los últimos datos correspondientes al primer trimestre de 2011, señalan que el endeudamiento está 2,5 puntos por debajo de la ratio media de deuda sobre PIB, según la consejera.

Para la consejera, la aprobación el pasado 24 de junio del objetivo conjunto de estabilidad para las comunidades en el período 2012-2014, "debe ser compatible con un objetivo individual para Andalucía que contemple nuestras características propias y, en particular, nuestra trayectoria presupuestaria y financiera y el compromiso mostrado con la estabilidad presupuestaria".

Respecto al Plan Económico-Financiero para el periodo 2011-2013, ha informado de que ha sido previamente discutido con el Ministerio de Economía y Hacienda y que ya cuenta con su idoneidad, por lo que según lo dispuesto en la Ley Orgánica General de Estabilidad Presupuestaria, sólo resta el trámite formal de obtener la aprobación del pleno del CPFF.

El plan económico-financiero muestra, según ha señalado, el compromiso con el déficit fijado para el período 2011-2013, acomodando su gasto a la dinámica que siguen los ingresos, "senda que será más accesible si la Administración General del Estado atiende las discrepancias que sobre éstos mantiene la comunidad autónoma de Andalucía".

PP-A CIFRA LA DEUDA DE ANDALUCÍA EN 12.855 MILLONES

Por su parte, el parlamentario del PP-A José Enrique Fernández de Moya ha cifrado la deuda de Andalucía en 12.855 millones, "el valor más alto" desde 1995. Ha dicho que su partido se opondrá a la subida de impuestos y a los recortes sociales, que es, a su juicio, lo que persigue la Junta.

Ha apuntado que la última reunión del CPFF constató la incapacidad e inoperatividad del nuevo modelo de financiación autonómica; lejos de tranquilizar a los mercados, "generó incertidumbres respecto a la consecución de los objetivos de déficit público por parte del Estado y comunidades"; no se abordó la cuestión del techo de gasto regional, y algunos de los planes de reequilibrio de las comunidades no se aprobaron, entre ellos, el de Andalucía. Fernández de Moya ha aprovechado para pedir al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, explicaciones sobre el caso de las irregularidades en los ERE y que, acto seguido, presente su dimisión.

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, cree que en la propuesta de la Junta permanece la "voluntad de recorte" y considera muy dificultoso que se pueda mejorar la situación del empleo en la comunidad. si hay un mayor crecimiento de los ingresos que se están dando en la comunidad andaluza, no creemos que ese mayor nivel de ingresos deba ser utiluizado a situar déficit, sino que debe ir a mejorar las condiciones de la política social y de creación de empleo.

El diputado del PSOE-A José Caballos ha manifestado que alternativas serias, creíbles, responsables y sensatas no van a llegar del Partido Popular, que sólo tiene "hambre de poder, pero no sabemos para qué". A su juicio, de la crisis hay que salir con seriedad y afrontando los problemas que tenemos, "sin crecepelos, porque no existen" y sin las "simplistas soluciones de palabrería del PP".

Es imprescindible, según ha apuntando, controlar el déficit, que es lo que se está haciendo en España y Andalucía, porque si no, nos despeñaremos por un lugar que nos llevará a un camino sombrío y tortuosos. Ha manifestado que los únicos recortes en políticas sociales que se han llevado a cabo en el país ha sido en las comunidades gobernadas por el PP.

Más noticias