La Ley de Autonomía Local fijará 29 competencias propias de ayuntamientos y delegación o transferencia de otras

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz acordó hoy iniciar la elaboración de las dos leyes que reforzarán la capacidad de autogobierno, las competencias y la financiación de los 771 municipios de la comunidad, como son la de Autonomía Local, que recogerá 29 competencias propias de los ayuntamientos y la posible delegación o transferencia de otras desde la Junta, y la de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad autónoma a través de un fondo de carácter incondicionado.

Los citados textos legislativos, que fueron presentados ante el Consejo de Gobierno por los consejeros de Gobernación, Luis Pizarro, y de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se remitirán al Parlamento andaluz antes de final de año y desarrollan una de las principales previsiones del Estatuto de Autonomía, al tiempo que dan cumplimiento al compromiso asumido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su discurso de investidura, de abrir un amplio proceso de descentralización e implantar un nuevo modelo para avanzar en la autonomía y la mejora de la financiación de los municipios, según explicaron ambos consejeros, que quisieron dejar claro que ambas normas se aplicarán a partir de que sean aprobadas por el Pleno del Parlamento, algo previsto antes de que acabe el primer semestre de 2010.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Luis Pizarro, que estimó que hoy es un "día histórico", expuso que la futura Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), establece una nueva arquitectura municipal en la comunidad al fijar las competencias propias de ayuntamientos y diputaciones y otorgarles mayor capacidad de autogobierno. Esta ordenación, considerada como el 'Estatuto de los Ayuntamientos' y pionera en España, supondrá más autonomía, menos tutela, mayor capacidad de organización y, por tanto, más corresponsabilidad de municipios en la gestión, según expuso.

El nuevo marco legislativo establece que municipios y provincias constituyen un mismo nivel de gobierno. Además, consagra al municipio como un ente autónomo de pleno derecho y titular último en su territorio. Así, el gobierno local pasa de ser mero administrador a tener capacidad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas. Con este objetivo, se fijan las competencias propias tanto de los consistorios como de las diputaciones y la ley constituye la garantía para el ejercicio de las mismas.

Las competencias propias de los ayuntamientos serán un total de 29, más de las que se recogen en la Ley de bases de Régimen Local, según expuso el consejero, que añadió que además el texto legislativo establecerá el procedimiento de transferencia y delegación de competencias desde la Junta a consistorios y garantizará que este proceso se realiza junto con los recursos necesarios. Cualquier proceso de ese tipo que se abra, según expuso, será fruto de la negociación con el ayuntamiento en cuestión o con los ayuntamientos, apuntando que en el caso de transferencia de competencia se hará mediante ley y, de delegación de competencia, a través de decreto.

El anteproyecto de Ley de Autonomía Local incorpora en su práctica totalidad las propuestas aportadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como el 80% de las conclusiones del grupo de trabajo constituido sobre esta materia en el Parlamento de Andalucía. Luis Pizarro quiso dejar claro que el objetivo es hacer una norma que perdure en el tiempo y no para una determinada coyuntura política o económica, e insistió en que Andalucía se sitúa, con estas normas, a la "vanguardia" en España.

PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD

En cuanto al anteproyecto de la Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, fijará la colaboración financiera con los municipios andaluces, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, según expuso Martínez Aguayo.

La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 y que tendrá carácter incondicionado, esto es, respetará la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciban.

Este fondo, que tendrá una cantidad concreta en la Ley, también lo será de nivelación, ya que las partidas se distribuirán en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal basadas en indicadores contrastables. De este modo, como variables de necesidad de gasto, se tomarán en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de cada municipio, mientras que las de capacidad fiscal harán referencia a sus principales fuentes de ingresos propios.

Dada la gran diversidad territorial de los municipios andaluces, sus necesidades específicas y su elevado número (771), el fondo se asignará primero por tramos según la población y después se repartirá en detalle atendiendo a las citadas variables. No obstante, la ley incluirá una cláusula de garantía de 'statu quo' para que todas las entidades locales reciban, como mínimo, una financiación incondicionada superior a la que ya obtienen actualmente, según explicó la consejera.

La dotación total del Fondo evolucionará conforme lo hagan todos estos ingresos tributarios. Además, se llevará a cabo una actualización anual de los valores que definen las variables de necesidad y capacidad fiscal de los municipios. Por último, la ley contendrá un reconocimiento explícito del principio de lealtad institucional, con el compromiso de la Junta de valorar el impacto que las modificaciones normativas de la comunidad puedan tener sobre la dotación del fondo para, si es necesario, establecer las correspondientes compensaciones.

Preguntada sobre la dotación prevista para el Fondo de Nivelación de Servicios Municipales para 2010, la consejera garantizó que la partida de 159 millones con que está dotado en este ejercicio no se verá reducida, ya que la Junta, en un momento de dificultad económica como el actual, tiene clara su apuesta por los ayuntamientos. A este respecto, Luis Pizarro puso de manifiesto la "sensibilidad especial" de la Consejería de Economía y Hacienda al no aplicar una reducción en esa partida, que, en una primera fase de la negociación presupuestaria, quedará, como mínimo, congelada.

Preguntados sobre las demandas de los partidos de la oposición sobre que la participación de los entes locales sea sobre los ingresos de la comunidad en lugar de sobre los tributos, apuntaron que ese debate ya quedó superado con la aprobación del Estatuto de Autonomía, en cuyo artículo 192.1 se habla de tributos. Respecto a la otra demanda sobre "retroactividad" en términos económicos de las leyes a enero de 2010, ambos consejeros quisieron dejar claro que las normas se aplicarán a partir de que sean aprobadas.