De Llera avala el nuevo recurso a las tasas judiciales por lo "light" de la reforma, que "sigue promoviendo desigualdad"

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha justificado este jueves la decisión del Consejo de Gobierno andaluz de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el régimen de las tasas judiciales contenido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que el Ejecutivo autonómico ya acordó recurrir el pasado mes de enero, porque, según ha afirmado, la reforma aprobada por el Gobierno central es "light" y no impide que dicha medida siga "promoviendo la desigualdad y limitando el acceso a la Justicia".

Así lo ha defendido De Llera en el Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista formulada en la sesión plenaria, donde el consejero ha subrayado que el nuevo recurso se interpondrá "por responsabilidad política y seguridad jurídica", y se sustenta "en los mismos motivos de inconstitucionalidad" que en su día se esgrimieron para recurrir la ley estatal de tasas judiciales.

A su juicio, el decreto "sigue generalizando el pago por el acceso a la Administración de Justicia, originando un efecto disuasorio para gran parte de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas", con "la consiguiente vulneración del principio de igualdad y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Según De Llera, el importe de la cuantía de las tasas "continúa afectando a principios esenciales del Estado de Derecho, ya que perjudica y limita el acceso de los ciudadanos a los tribunales para reclamar los derechos que les corresponden y que están reconocidos en el ordenamiento jurídico y en la Constitución".

A modo de ejemplos, el titular andaluz de Justicia ha señalado que un recurso de apelación y otro de casación --en sus tramos variables-- siguen costando, tras la modificación del Gobierno central, "800 y 1.200 euros más", respectivamente.

Asimismo, ha indicado que, "en el caso de las multas, se tendrá que abonar como tasa el 50 por ciento del valor la sanción, la misma cuantía que su abono en periodo voluntario", lo que, en su opinión, tiene "un evidente efecto disuasorio".

RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Según ha informado la Consejería en una nota, en su nuevo recurso, la Junta esgrime que el decreto que modifica las tasas judiciales "tampoco recoge en su integridad las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo al ministro de Justicia para preservar los principios constitucionales".

Así, la Junta alega en su recurso que "no se han suprimido tasas en el orden social que pueden afectar a personas y colectivos muy vulnerables, especialmente en el contexto de la actual crisis económica", de forma que "se contribuye a aumentar la desigualdad entre las partes, se discrimina a los trabajadores en la defensa de sus derechos y se elimina el ordenamiento compensador de la superioridad del empresario en estos litigios".

Otros "ejemplos destacados" que motivan la interposición del nuevo recurso, según la Junta, son que "en los supuestos de una reclamación a una empresa asegurada que se niega a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros la tasa fija baja sólo diez euros, de 312 a 302; en la interposición de un recurso al banco por el cobro de una factura indebida por 3.000 euros se reclama el pago de 303 euros frente a los 315 establecidos antes de la reforma, y en las infracciones de tráfico, pese a la rebaja acordada, se mantiene el efecto disuasorio, ya que recurrir una multa de 100 euros supone el abono de 50 euros, la misma cuantía que su pago anticipado en periodo voluntario".

Además, el Gobierno andaluz considera que la imposición de tasas "no es la mejor vía para reducir los índices de litigiosidad", y se decanta para ello por la mediación como "fórmula alternativa al contencioso judicial", un mecanismo que, según la Junta, el departamento que dirige De Llera está "impulsando" con "el desarrollo de sistemas de resolución extrajudicial de conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales".