De Llera insiste en que la participación del Estado es "necesaria" para reanudar el servicio jurídico penitenciario

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves que la participación del Gobierno del Estado es "fundamental y necesaria" para reanudar el servicio de orientación jurídica penitenciaria, suspendido desde el pasado mes de abril debido a la negativa del Ministerio del Interior de firmar el convenio que permite la esta asistencia letrada complementaria a la población reclusa de Andalucía.

El titular de Justicia e Interior ha manifestado en el Pleno del Parlamento que la Consejería se mantiene a la espera de lo que decida el Ministerio en relación a la propuesta remitida hace meses a Madrid para poder restablecer la prestación de este servicio, que permite a los internos de los centros penitenciarios andaluces recibir orientación y asistencia jurídica por parte de los abogados de forma gratuita.

La Consejería considera "indispensable" este convenio tripartito con el Consejo Andaluz de Abogados y el Ministerio, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con el objetivo de dar cobertura legal a la prestación de este servicio en el interior de las prisiones. Según De Llera, no es posible volver a prestar este servicio sin la participación y autorización del Ministerio, toda vez que hay aspectos en los que es necesaria la implicación de Instituciones Penitenciarias para su correcto funcionamiento.

El consejero ha recordado que el convenio pendiente de firma regula la participación de los centros penitenciarios en la certificación de las asistencias, el acceso al expediente disciplinario de los internos o el control de los horarios y días de prestación del servicio, así como el listado de los letrados que accedían al centro para ofrecer este servicio, entre otras obligaciones imprescindibles para la prestación de este servicio.

SERVICIO COMPLEMENTARIO

La asistencia jurídica penitenciaria es un servicio complementario que venía a ampliar la atención que en materia de asistencia jurídica se viene prestando por parte de los centros penitenciarios, cuyos servicios garantizan actualmente los derechos de los reclusos y dan cobertura a sus necesidades.

Igualmente, el consejero ha subrayado que la población reclusa no está desasistida a pesar de la suspensión de este servicio, ya que el Estado de Derecho pone a disposición de los presos a los juristas de los equipos técnicos y los servicios sociales de cada una de las prisiones.

La Junta subraya que la propuesta de ampliación del convenio para continuar prestando el servicio la tiene en su poder el Ministerio del Interior desde noviembre de 2011 firmada tanto por el Gobierno andaluz como por el propio Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL PARLAMENTO

La Consejería de Justicia e Interior se vio obligada a suspender el servicio el pasado mes de abril al no tener la autorización del Ministerio y las cobertura legal para su prestación, a pesar de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había destacado en varias ocasiones los resultados positivos que ofrecía dicha asistencia.

Coincidiendo con la celebración del pleno, a las 11,00 horas, ha tenido lugar una concentración en la que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas han protestado por la suspensión del servicio jurídico penitenciario, anunciando que la próxima semana se reunirán para organizar nuevas acciones y exigir que "un gobierno de izquierdas no suprima derechos fundamentales a ninguna persona en Andalucía".