De Llera recuerda al PP-A que él ya planteó en julio la necesidad de lograr un "gran pacto por la justicia"

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha recordado este viernes que fue él quien propuso el pasado mes de julio en el Parlamento andaluz un "gran pacto por la justicia" entre las comunidades autónomas con las competencias delegadas y el Gobierno central, "para lograr una Administración judicial más rápida y con mayor calidad, que proporcione a la ciudadanía un servicio público acorde al siglo XXI".

Emilio De Llera se ha pronunciado así en un comunicado de prensa después de que la secretaria general del PP-A, Dolores López, haya reclamado un pacto andaluz por la justicia en Andalucía que implique a partidos políticos, profesionales y sindicatos, "para lograr una justicia ágil y un servicio público de calidad".

Tal como planteó en esa comparecencia parlamentaria para detallar los ejes generales y principales proyectos de la Consejería de Justicia e Interior para la nueva legislatura, De Llera ha recalcado que la Administración de justicia requiere en España de un "cambio procedimental, cultural y legislativo" en el que deben participar todas las partes implicadas, responsables políticos, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), operadores jurídicos y todos los profesionales que trabajan en el sector.

Además, De Llera ha subrayado que "el problema de fondo" de la Administración de justicia "es la insuficiente dotación de órganos judiciales y jueces, una carencia que corresponde solventar al Gobierno central mediante la ampliación de las plazas de jueces y número de juzgados, tal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"JUSTICIA EUROPEA"

Al respecto, el consejero ha señalado que la Junta "ha pedido reiteradamente al Ministerio de Justicia que duplique el número de jueces que ejercen en Andalucía para que la comunidad cuente con una 'justicia europea', ya que harían falta 900 más para que la comunidad autónoma alcance la media de la Unión Europea".

En cuanto a la dotación de medios de los juzgados en Andalucía, el titular de Justicia e Interior ha asegurado que las plantillas de los juzgados "están cubiertas en su totalidad", de tal manera que "cuando se produce una vacante o una baja de larga duración se procede a cubrir estas plazas mediante los procedimientos establecidos de comisión de servicios, sustitución o nombramiento de funcionarios interinos".

Actualmente, según el consejero, la plantilla de funcionarios de la Administración de justicia está cubierta por un total de 7.950 personas, que, a fecha de hoy, prestan su servicio en los organos judiciales, fiscalías e institutos de medicina legal de toda Andalucía, y, además, se han venido nombrando refuerzos de personal a fin de colaborar en mejorar la pendencia y la resolución de asuntos en los juzgados con más sobrecarga de trabajo y descongestionar en parte estos órganos.

APUESTA POR LA JUSTICIA GRATUITA

En cuanto a las críticas del PP-A sobre la asistencia jurídica gratuita que se presta en Andalucía, De Llera ha destacado igualmente "la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la consolidación del servicio de justicia gratuita, tras haberse puesto al corriente de los pagos a los abogados y procuradores que realizan esta prestación a las personas en situación económica y social más vulnerable".

De Llera ha recordado que el propio presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, calificó de "hito histórico para la Justicia andaluza" la puesta al día de los pagos por este servicio.

Ese "esfuerzo" del Gobierno andaluz se materializa, según el consejero, en que la asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados y procuradores, y en que de ella se beneficiaron en 2014 un total de 338.920 personas.

Respecto a su financiación, la Consejería de Justicia e Interior "ha multiplicado por diez" el presupuesto consignado para responder a las necesidades de los turnos de oficio y las asistencias en las guardias desde que asumió las competencias, al pasar de 4,7 millones de euros en 1997 a 37,3 en 2015.