SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido este martes de que el estado del bienestar "corre el serio riesgo de fracturarse" como consecuencia de la crisis económica porque las medidas adoptadas para superar esta coyuntura "han dado paso a una nueva realidad que pivota sobre principios muy alejados de los de igualdad y solidaridad de la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Así lo ha puesto de manifiesto Maetzu ante el Pleno del Parlamento andaluz, donde ha presentado el informe de gestión realizado por la Institución en 2015, que señala que de las 18.923 actuaciones tramitadas, un 60 por ciento tienen que ver con materias que pertenecen al ámbito del Estado de Bienestar, frente al 53 por ciento del año 2014 o al casi 40 por ciento de 2013.
Un total de 28.777 personas han acudido al Defensor durante 2015 para la defensa de sus derechos sociales, además de 277 colectivos y entidades que han trabajado con la Institución en la denuncia y protección de los mismos. Además, del total de actuaciones realizadas, se han gestionado 9.082 quejas, se han atendido 9.343 consultas y se han puesto en marcha 498 actuaciones de promoción de derechos sociales.
El retroceso de derechos por la crisis tienen especial incidencia en el empleo, los servicios sociales, la vivienda, la salud o la educación pues, según ha relatado, lo relativo al estado de bienestar, y lo que motivó seis de cada diez actuaciones, "estuvieron relacionadas con la vulneración de los derechos sociales". Así, se ha preguntado si "ese mal bache va a ser permanente" y "a cuánto estamos dispuestos a renunciar y a qué hemos renunciado ya, quizá para siempre".
Tras asegurar que el 2015 "ha sido un mal año en muchos de los asuntos que analizamos, aunque se perciba algún atisbo de mejora", se ha preguntado si "los retrocesos a los que nos ha empujado esta crisis, que han pagado justos por pecadores, han venido para quedarse". Ha indicado que el informe revela que se ha retrocedido en parámetros que hasta hace muy poco "eran para todos inaceptables" y que "lo que ayer eran derechos, hoy se nos presentan como concesiones de cuyo disfrute debemos sentirnos privilegiados".
Maetzu ha criticado la precarización del mercado laboral y la escasa calidad de los nuevos empleos lo que, unido al debilitamiento de la negociación colectiva, "ha llevado a alertar de la existencia de trabajadores pobres", al tiempo que ha urgido a trabajar en mejorar la formación y recalificación para los demandantes de empleo.
El Defensor del Pueblo andaluz también se ha referido a la situación de la educación, donde ha advertido de que el comedor escolar, por ejemplo, "ha pasado de ser un instrumento esencial para la conciliación familiar y laboral a una medida de apoyo social", y ha reclamado un Pacto de Estado para construir un modelo de educación "inclusivo y de calidad".
También ha puesto el acento en denunciar el aumento de la violencia en todas sus variaciones, entre las que ha destacado la que ejercen los menores, mientras ha llamado a estar especialmente vigilantes para evitar retrocesos en los derechos que amparan a los colectivos más vulnerables. Asimismo, ha defendido una sanidad pública gratuita y universal, donde "no caben recortes justificados en la crisis". "Lo público es la esencia de la democracia", ha apostillado.
Asimismo, Maetzu ha reiterado su reivindicación por la función social de la vivienda porque "a diario vemos la dramática historia de muchas familias que carecen de un techo, alojamiento o vivienda dignos, solicitando el amparo de esta institución ante las administraciones competentes" y la respuesta que reciben dice que "no puede ser más desalentadora: la carencia de viviendas disponibles". Así, ha urgido a que el plan concertado de vivienda "resuelva cuanto antes este tipo de problemas" porque "no puede existir casas sin gente, ni gente sin casas".
Ha planteado la necesidad de reconsiderar políticas como el Programa de Solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad, "donde persiste la demora en el reconocimiento y en el pago de la prestación económica" y propone una reforma urgente del salario social. "La pobreza, y en especial la pobreza infantil, jamás puede ser vista con naturalidad", ha dicho Maetzu en otro momento de si intervención.
De otro lado, también ha reclamado que se celebre en el Parlamento un debate monográfico sobre las infraestructuras necesarias para lograr el vertido cero de aguas residuales, y también se ha referido al sistema judicial para advertir de que los conflictos que se generan por la gravedad de la situación económica "han incrementado la presión y las cargas de trabajo".
"La crisis se ha presentado como la causa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, de la ejecución de innumerables desahucios, de la supresión de numerosas prestaciones asistenciales y de la presumible desaparición de derechos que fueron ganados a pulso con el esfuerzo y con el tesón de muchas generaciones anteriores", ha concluido Maetzu antes de urgir a no aceptar como inevitables esos retrocesos.
POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS
En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha explicado que ha hecho una comparación entre el informe del Defensor de este año y los realizados hace 10, 15 o 20 años y que ha podido constatar como los mismos problemas vienen arrastrándose de un informe a otro. "Lo único que no ha cambiado en este tiempo ha sido el Gobierno del PSOE", ha señalado la parlamentaria, quien ha considerado que estos problemas persisten como consecuencia de una "mala política y de malos gobernantes" y de "pasar por encima" de los problemas de los andaluces, especialmente los más desfavorecidos, que son los que acuden a esta institución.
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Teresa Rodríguez, se ha referido especialmente a una de las propuestas del informe, la relativa a la modificación del salario social, "que no parece estar dando resultados". Ha dicho que su grupo no renuncia a la renta básica y ha destacado que el Defensor interpela a esta Cámara a proponer leyes para acabar con la pobreza energética. Así, ha recordado que Podemos presentó una propuesta de ley y fue rechazada, y ha instado a Maeztu a que les convoque para hablar de este tema, después de la que Junta "no encuentre un hueco" para reunirse con el Defensor.
En nombre de Ciudadanos, su diputado Julio Díaz se ha referido a algunos aspectos señalados por el Defensor como la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria, el colapso judicial, la demanda de vivienda o el impuesto de sucesiones y donaciones, que en el informe se califica como "especialmente gravoso" comparándolo con otras comunidades. A esto respecto, ha dicho que C's está trabajando para su rebaja y se ha mostrado convencido en que "muy pronto" se podrán comprobar los resultados.
La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, ha dicho que el Defensor ha trasladado a esta Cámara que las familias "buscan y rebuscan" la manera de asegurarse condiciones de vida digna que no resuelven el mercado ni las instituciones. Ha considerado necesaria, entre otras medidas, una ley de suministros mínimos vitales, y ha anunciado que IULV-CA la traerá a este Parlamento.
Finalmente, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha criticado que los grupos confundan el debate del informe del Defensor del Pueblo con el debate del estado de la Comunidad, y que hayan utilizado esta tribuna para "empezar a hacer campaña". Ha dicho que su formación se suma a muchas de las reivindicaciones que se recogen en el informe y que el diagnóstico es fundamental para cambiar la realidad. También ha rechazado que Andalucía siga teniendo los mismos problemas de hace 30 años, como ha apuntado la diputada del PP-A.
