SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha constatado en una de sus resoluciones que el Ayuntamiento de Sevilla activó el correspondiente "protocolo para casos de emergencia habitacional" ante la situación de una pareja con una menor de edad a su cargo, que afrontaba el desalojo de la vivienda propiedad de un banco en la que estas personas vivían sin título alguno para ello.
En una resolución fechada este pasado viernes y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta de la queja incoada a instancias de una mujer que, ante la citada institución, exponía que "se vio obligada a instalarse" en una vivienda vacía y abandonada junto con su hija de siete años de edad y su actual pareja, "al no disponer de medios económicos ni de ayudas públicas para el alquiler" de un hogar.
Según el relato de esta mujer, la vivienda en cuestión sería propiedad de un banco, frente al cual esta mujer habría acreditado "la precariedad económica de la unidad familiar, que estaba siendo asistida por los servicios sociales comunitarios", toda vez que la vecina aseguraba que "en todo momento" estas personas habrían mostrado su "predisposición a asumir el pago de un alquiler acorde a su situación"
A LOS TRIBUNALES
Pero pese a ello, según prosigue la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, estas personas fueron objeto de una denuncia por un presunto delito de usurpación cometido al habitar la vivienda sin título alguno sobre la misma, siendo celebrado un juicio el 10 de mayo de 2017.
Precisamente por ello, estas personas acudían a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz al temer que al ser desalojados de la vivienda quedasen "en la calle" y sin "recursos" para seguir adelante, pues "no disponían de recursos económicos para afrontar el alquiler de una vivienda en el mercado de renta libre".
Ante esta situación, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz solicitó al Ayuntamiento hispalense que informase de las actuaciones desplegadas ante el caso de esta familia, tras lo cual el área municipal de Bienestar Social dio cuenta de que respecto a estas personas "tenía abierto expediente en el centro de servicios sociales correspondiente desde febrero de 2010" y se intervenía "de manera coordinada" con la Oficina Municipal de la Vivienda, donde "se les atendía desde el 7 de marzo de 2017".
Tanto el área de Bienestar Social del Ayuntamiento como la Oficina Municipal de la Vivienda, según el departamento de Jesús Maeztu, daban así cuenta de sus gestiones para "mediar con la entidad propietaria de la vivienda y el Juzgado de Instrucción" de cara a la "paralización" del desalojo, que habría contado con "hasta tres señalamientos de fecha de lanzamiento y se había suspendido en todos los casos".
Dado el caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz constata en esta resolución que las autoridades municipales habían "activado el protocolo para los casos de emergencia habitacional" ante la situación afrontada por esta familia.
