Maeztu y Defensores Universitarios alertan de "inequidad" por aplicar el '3+2' y priorizan los intereses del alumnado

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido esta semana una reunión con los Defensores Universitarios de las instituciones públicas andaluzas para realizar balance y debatir asuntos de actualidad para las mismas --el encuentro tiene carácter anual y función de seguimiento--, siendo uno de los temas estrella las consecuencias que el recientemente aprobado decreto de ordenación de Grados --o '3+2', que faculta a las universidades para implantar un modelo de enseñanza con tres años de Grado y dos de Máster-- pueda conllevar para la comunidad universitaria.

Fuentes de la Defensoría han explicado a Europa Press que, de esta manera, las instituciones reunidas han expresado su "preocupación" por las posibles derivaciones de la medida, por considerar que la misma no debería haberse aprobado sin antes culminar el proceso de adaptación al Plan Bolonia y evaluar sus resultados.

También creen que la aplicación del nuevo decreto sin un consenso previo y un plan director puede crear situaciones de "inequidad y confusión" en el sistema universitario, por lo que estiman "imprescindible" que la aplicación del '3+2' se lleve a cabo anteponiendo los intereses del alumnado universitario a cualesquiera otros intereses.

Ya en lo referente a otros asuntos, entre las conclusiones acordadas destaca la decisión de continuar demandando soluciones para las personas que tienen dificultades económicas para acceder a la universidad o continuar sus estudios universitarios como consecuencia del incremento de las tasas y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas.

Otros acuerdos de la reunión han sido proponer soluciones para hacer posible la acreditación del nivel lingüístico B1 a las personas con discapacidad auditiva que utilizan la lengua de signos; pedir una homogeneización de las normas de permanencia de las universidades andaluzas, eliminando el caracter graciable de las convocatorias extraordinarias; y solicitar que las normas que regulan los precios públicos que rigen para los títulos propios incluyan las mismas exenciones y bonificaciones --discapacidad, familia numerosa-- que para los títulos oficiales.

Los principales asuntos de queja recibidos en el Defensor del Pueblo Andaluz y vinculados con la política universitaria durante el año se relacionan en este caso con las becas, las acciones para con los colectivos más vulnerables --como el cupo de personas con discapacidad-- o situaciones concretas como la convocatoria de septiembre.