SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido que se arbitren más medios humanos en la Junta de Andalucía para que se acelere la investigación en torno al presunto fraude en los fondos de formación, con vistas a que dicha investigación administrativa no se "eternice".
Maíllo, quien reconoció que no ha podido analizar aún la comparecencia del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, el pasado martes en el pleno del Parlamento andaluz sobre los cursos de formación, considera que estos expedientes "hay que investigarlos internamente en la Administración andaluza", que a su juicio, "tiene que ser celosa, rigurosa y cuidadosa al analizar cualquier tipo de ayuda, y proceder en función del cumplimiento o no de los procedimientos para conseguir una ayuda".
Tras considerar que es "clave" en cualquier Gobierno "hacer cumplir la norma, independientemente de una valoración subjetiva del procedimiento", Maíllo pide que la Junta, que llega siete meses investigando estos expedientes, debe "acelerar esa investigación y los procedimientos, pues no podemos estar 'ad eternum' esperando qué va a pasar con estos expedientes, de esta naturaleza o de cualquier otra".
"Hay un gobierno que investiga y que actúa, que tiene que desarrollar celeridad en el cierre de todos los expedientes y para ello destinar más recursos humanos a la fiscalización de esos expedientes, para que se sepa cuanto antes la evolución de las ayudas, pues estamos hablando de períodos que van desde 2007; y posteriormente, sobre las conclusiones que s obtengan de esa investigación administrativa, se abordarán decisiones o no", ha explicado Maíllo.
"NO SE PUEDE TARDAR 28, 30 O 35 MESES"
Tras asegurar que IU "quiere saber la verdad", Maíllo ha explicado que "el camino para conocer todo pasa por el uso de la Cámara de Cuentas, fortaleciendo la fiscalización y la autonomía de ésta, pasa por las actuaciones de la Junta, que debe actuar con diligencia e incorporar más recursos humanos para acelerar los procedimientos administrativos de revisión de expediente de ayudas de formación y para que esa revisión no se eternice; y pasa por cualquier otra herramienta que establece el reglamento del Parlamento andaluz", ha indicado, tras ser preguntado por una posible comisión de investigación.
"Debemos ser transparentes, y la obligación de la Administración es acelerar la evaluación y seguimiento de la inspección de los expedientes y no se puede tardar 28, 30 o 35 meses para abordar los expedientes, no es sostenible y la administración pública debe dar pronta respuesta a los procedimientos administrativos", insiste Maíllo.
Considera que "habrá caso en los que hayan cometido una irregularidad, y ése tendrá que asumir las consecuencias administrativas y las que toquen, pero sobre análisis y realidades concretas". "El que lo haga, que lo pague y nos dejamos de tonterías y sin matices", ha aseverado.
Maíllo ha recordado que muchas de esas actuaciones de revisión son ordinarias y otras son investigaciones abiertas al detectarse supuestas anomalías, y además existen expedientes que no se han cerrado.
Ha explicado que "como cualquier otra ayuda pública, se debe iniciar el procedimiento administrativo para saber si la ayuda ha cumplido objetivos, y sobre quien tenga obligación de efectuar reintegro hay dos circunstancias, o bien reintegro por incumplimiento de objetivos o bien expedientes que estaban cerrados pero que en estas revisiones se compruebe que se ha cerrado mal".
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