SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sector de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados tras el anuncio de la administración autonómica de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones ha convocado a partir de las 11,00 horas de este sábado 22 de marzo una marcha desde la parroquia de San Jerónimo hasta la Plaza de la Encarnación de la capital hispalense, al objeto de que la Junta cumpla los compromisos que garanticen la vuelta de éstos a sus puestos de trabajo, así como el cumplimiento de una proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento andaluz y que pasa por buscar una solución para el conflicto de estos trabajadores.
En un manifiesto entregado a la Presidencia de la Junta, consultado por Europa Press, los monitores recuerdan haber aguantado una situación de "esclavitud", tratándose en su mayoría de mujeres con cargas familiares. Es, añaden, "un colectivo que ha demostrado una profesionalidad excelente, avalada por equipos directivos, querido en todas y cada una de las comunidades educativas que conforman los mil y pico de centros a los que pertenecíamos, y admirado por su capacidad de entrega y lucha".
La movilización pasará por Doctor Fedriani, el Parlamento de Andalucía, Resolana, Barqueta, la Alameda, Trajano e Imagen para terminar en la Plaza de la Encarnación. Con ésta defienden que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha sacado un plan de choque "lleno de despropósitos" para sustituir a estos trabajadores "con aval de experiencia y respaldados por sus centros".
"No sólo ha perjudicado a un colectivo de 840 personas que hoy está en el paro, también a un 30 por ciento de centros educativos que a pocos días de terminar el periodo de escolarización se han visto privados de este servicio, que han tenido durante ocho cursos", manifiestan.
Recientemente un juicio programado en Málaga para ver demandas de estos monitores ha quedado suspendido, al igual que otras vistas de días pasados en Cádiz y Córdoba. Fuentes del colectivo de monitores indicaron a Europa Press que, al margen del aplazamiento que la representación jurídica de estos trabajadores tenía pensado solicitar para agrupar varias demandas, la problemática en este juicio vino derivada de la falta de documentación que se precisaba para el transcurso de la vista oral, un extremo que los monitores temen se deba a una "maniobra" de la Junta para dilatar el proceso.
En los casos de Cádiz y Córdoba, fueron aplazados por la no comparecencia de las empresas que prestaron el servicio en un periodo transitorio de dos meses desde que se dio a conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, dado que la notificación no se llevó a cabo en tiempo y forma.
