SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de monitores de educación especial que atienden a alumnos en centros públicos de Infantil, Primaria, institutos y centros específicos de la Junta de Andalucía se ha reunido con el Grupo de Unidos Podemos en el Parlamento de Andalucía para tratar de impulsar una proposición no de ley (PNL) que suponga la reversión de puestos privados a públicos.
La intención es que las nuevas contrataciones puedan hacerse bajo criterios específicos de titulación y en las preceptivas condiciones legales, según ha precisado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Integradores Sociales de Andalucía (AISA), María Luz Salguero.
El sector ha protagonizado recientemente protestas por las reiteradas privatizaciones y en defensa del empleo público y de calidad, y de hecho, los monitores que prestan servicio en los centros privados están encontrando problemas derivados del bloqueo de las licitaciones en varias provincias que podría incluso suponer que éstos se declaren en huelga.
Los técnicos han denunciado públicamente la "constante negativa" de la administración regional "a iniciar un dialogo y análisis de la situación" que sufre el colectivo, que cuenta con el apoyo de sindicatos, estudiantes y familiares de los alumnos con necesidades especiales.
Entre los objetivos de éstos se encuentra la defensa del empleo público y de calidad y "revertir la externalización" para evitar que empresas privadas se instauren en el sistema educativo.
MANIFIESTO
En un manifiesto, los monitores de educación especial denunciaron que la Consejería de Educación está externalizando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y han apuntado a que desde el año 2006 el número de contrataciones que se hacen a través de la empresa privada "va en aumento, llegando en la actualidad a atender casi 800 centros públicos".
Asimismo, señalaban que la contratación externa de cerca de mil puestos de trabajo justifica la conveniencia de ampliar los medios profesionales para hacer frente a unas necesidades permanentes de personal y se preguntaban por qué "está prohibida la creación de empleo público mientras que, a su vez, se contemplan cantidades importantes para la contratación con empresas privadas".
Desde la AISA recordaban que la atención al alumnado con necesidades educativas especiales es una "tarea ineludible, competencia de la administración", y mantienen que con la restricción en la creación de puestos de trabajo "no sólo se está incumpliendo un compromiso de la administración y un derecho del alumnado, sino que además está eludiendo sus propias obligaciones de vigilancia de los contratos que suscribe con las empresas, las cuales incumplen las condiciones establecidas".
