Montero advierte que el reparto de octavillas en las consultas de los centros sanitarios por los recortes "es ilegal"

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha advertido este jueves de que el reparto de octavillas en las consultas de los centros sanitarios por profesionales o dirigentes sindicales para protestar por los recortes de la Junta "son ilegales", ya que, según ha defendido, los pacientes cuando se encuentran en estos entornos (el sanitario) "está en una situación de vulnerabilidad".

A preguntas de los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido así a la posibilidad de que se estén llevando a cabo estos actos de reparto de octavillas "dentro de los recintos hospitalarios", una actividad que ha tachado de "ilegal" y por la que ya habría avisado a las direcciones de los centros para que vigilasen tales actividades.

"A las direcciones de los centros se le has trasladado que este tipo de octavillas no se puede repartir (dentro del centro) y que si alguien lo quiere hacer tiene que ser en las puertas de los centros sanitarios, pero no en una consulta", ha agregado Montero, quien ha explicado que, dentro de una consulta, "no se puede entregar (a un paciente) ningún tipo de documentación, que no sea la relativa a su estado de salud".

"Los sindicatos tiene un lugar en donde colocar y poner la información que estiman conveniente, pero en una consulta no pueden estar recibiendo octavilla (sobre los recortes) como por ejemplo tampoco pueden recibir propaganda para que compre en una tienda determinada un determinado producto", ha reiterado.

Sea como fuere, ha desmentido que los ajustes que se han producido en Andalucía en materia sanitaria "puedan suponer una disminución en la calidad de la atención; todo lo contrario".

"SE HAN DICHO MUCHAS FALSEDADES"

"Se han dicho muchas falsedades, ya que lo que se incrementa es la jornada laboral de los trabajadores del sector público, que aunque comprenda que a estos trabajadores dicho aumento de la jornada le suponga una disminución de su salario, se ha hecho para que no se destruya puestos de trabajo", ha vuelto a recalcar Montero, tal y como ya ha puesto de manifiesto en otras comparecencias.

"Entiendo que no sea plato de gusto, pero lo contrario era despedir a 7.000 trabajadores sanitarios por la ampliación de las 37,5 horas y media que supondría echar a eventuales", ha proseguido la dirigente andaluza, al tiempo que ha apelado a que es "imperativo legal del Gobierno de Rajoy el incremento de jornada laboral".

"La Junta de Andalucía, a pesar del coste político que tiene bajarle el salario a los profesionales, lo que no ha hecho es lo que en la mayoría de CCAA se ha producido, como es cerrar centros, disminuir prestaciones, quitar tecnología, inutilizar los tiempos de garantía de espera en la sanidad o privatizar los centros sanitarios", ha argumentado.

Por todo ello, ha justificado "una medida dura y que entiendo que cuenta con el rechazo de estas personas, pero que al ciudadano lo que se le ha hecho es preservarlo de estas dificultades económicas".