MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruíz-Mateos, ha expresado la satisfacción del grupo por la evolución que está teniendo "la reactivación de la producción de Dhul y la recuperación de todos sus clientes", según ha informado la empresa en un comunicado.
Ruíz-Mateos ha incidido en que el balance de Dhul muestra un patrimonio neto que da "garantía de viabilidad y futuro a la compañía". La empresa, según ha comentado el consejero delegado, siempre ha presentado beneficios, a excepción de este último año, debido a "la situación que atraviesa la economía española".
Según el comunicado de Dhul, la empresa ha mantenido los puestos de trabajo durante estos cuatro años de crisis y ha cumplido "escrupulosamente" los compromisos adquiridos, a pesar de la subida de las materias primas, la caída de las ventas, y la restricción crediticia que está viviendo por la falta de financiación bancaria, lo que ha provocado que hayan tenido que recurrir al concurso de acreedores para garantizar su viabilidad futura.
"A esta situación se ha llegado por mantener la plantilla, lo que ha provocado un desajuste económico al no estar en concordancia con la coyuntura de los últimos años", ha explicado Ruíz-Mateos.
PÉRDIDAS DE 16 MILLONES
Dhul ha declarado pérdidas de 16 millones de euros correspondientes al ejercicio 2010 y un pasivo total de 150,8 millones de euros, según la documentación presentada por la empresa ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada y recogida por Iure Abogados.
Según la contabilidad a 31 de diciembre de 2010, Dhul tenía un activo corriente de 55 millones de euros y un activo no corriente (patrimonio no liquido) de 149,1 millones de euros. El pasivo corriente (a pagar en un plazo igual o inferior a un año) era de 47,03 millones de euros y el pasivo no corriente (sin saldar dentro del ejercicio) de 91,69 millones de euros.
Los principales acreedores de la compañía propiedad de la familia Ruíz-Mateos son las entidades financieras, a las que debe 77 millones de euros, seguidas de los proveedores (52,5 millones de euros), las administraciones públicas como la Seguridad Social (9,8 millones de euros) y los suscriptores de pagarés (7,1 millones de euros).
