SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha anunciado este miércoles el adelanto al mes de octubre de seis obras de carreteras en las provincias de Sevilla y Córdoba, que formaban parte del tercer grupo de obras adjudicadas pero no iniciadas y que tras la reprogramación estaban previstas empezarlas para el último trimestre de este año y el primero de 2011.
En comisión parlamentaria, Aguilar señaló que de esta manera de las 18 obras reprogramadas inicialmente, dentro del grupo de adjudicadas pero que no habían comenzado, hay seis de ellas --tres en Sevilla y en Córdoba-- que se adelantan a octubre. Además, otras dos obras ya se han comenzado en septiembre, cumpliendo con el calendario establecido en la reprogramación. De manera que de 18 obras reprogramadas inicialmente "solo" quedan diez, de las que ocho comenzarán en el mes de enero y dos serán en marzo.
Así, la consejera apunta que la Junta ha llevado a cabo una reprogramación de la obra pública que permite mantener el ritmo de ejecución del 71 por ciento de los kilómetros de carreteras en marcha y un 80 por ciento de las actuaciones del ferrocarril, lo que supone no alterar la ejecución de 1.600 millones de euros.
Además, del segundo bloque de actuaciones detalladas por la consejera --obras iniciadas que han sido derivadas en el tiempo--, un total de 15 actuaciones que suponen el 16 por ciento de las obras d carreteras, en kilómetros, y del diez por ciento de las de ferrocarril, la consejera indicó que se va a hacer "lo mismo que estaba previsto pero en un poco más de tiempo".
De esta manera, Aguilar ha calificado la reprogramación como "realista y rigurosa porque anticipa soluciones para no frenar el avance ni hipotecar el futuro". Asimismo, subraya la importancia que en este proceso ha tenido el diálogo con las empresas. En este sentido, quiso destacar que junto al esfuerzo realizado en la reprogramación se encuentra la fórmula de colaboración público-privada, donde "se van a adelantar 2.676 millones de euros entre final de este año y mediados de 2011".
Respecto a las actuaciones proyectadas por el Ministerio de Fomento en Andalucía, Aguilar ha asegurado que las obras de mayor importancia "siguen adelante y lo hacen con la misma intensidad", reactivándose doce actuaciones no previstas en un primer momento.
PP E IU
Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento Andalucía, Jaime Raynaud, destaca que los "recortes" anunciados por el Ministerio de Fomento y la Consejería de Obras Públicas suponen "una zancadilla" al empleo en el sector de la construcción, al tiempo que alerta de la "pasividad" de la Junta ante el "desmoronamiento" de las industrias auxiliares".
Raynaud que ha pedido dejar "el eufemismo" de reprogramación y "llamar a las cosas por su nombre, ya que son recortes en toda regla", recuerda que "en la construcción en el mes de agosto había registrados 191.243 parados y que en tres años el paro en el sector ha aumentado un 180,3 por ciento".
"No poner como eje fundamental la pérdida de empleo es una falta de sensibilidad dado que en cualquier caso hay que contribuir a parar esta sangría", ha subrayado.
Además, ha resaltado que son las pequeñas y medianas empresas constructoras la que "sufren realmente estos recortes" porque "las grandes empresas tienen músculo para soportarlo".
Por su parte, el diputado por IU Ignacio García Rodríguez ha hecho hincapié en el "giro a la derecha" que está dando la Administración andaluza respecto a las infraestructuras y ha indicado que "la Junta no está siendo capaz de defender los compromisos del Estatuto de Andalucía".
Asimismo, ha pedido que se reconozca que "reprogramar significa recorte presupuestario", ya que supone que "donde había tres máquinas habrá dos o una, menos personal, menos consumo de material, menos empleo y menos ritmo inversor". Además, García Rodríguez apunta que ésta "no es la única salida para cuadrad las cuentas" porque "hay otras salidas" pero "el gobierno socialista no se atreve".
Por último, el diputado por IU apunta que los analistas han señalado que las rescisiones de contratos y retrasos suponen una reducción del 0,01 por ciento del PIB, lo que supone la pérdida de 150.000 empleos a nivel nacional y 30.000 en Andalucía.